La gremial de los jueces considera que eso configura una amenaza para la independencia del Poder Judicial y el Estado de derecho, y pidió ser recibida por la comisión de constitución del Senado.
Además, analiza otras acciones a nivel nacional e internacional.
Por otra parte, la Asociación de Funcionarios Judiciales sostiene que la iniciativa de Manini Ríos para implantar la ley de caducidad “no se ajusta a derecho”.
En un comunicado, afirma que “existe una normativa internacional que impone a todos los países la obligación de persecución de los delitos de lesa humanidad ya que estos no prescriben nunca”.
Señala que el planteo de cabildo abierto “carece de sustento legal” y daña la democracia.
Los funcionarios judiciales rechazan “todas las acciones o expresiones que tiendan a menoscabar al sistema judicial”.
Agregan que “llama poderosamente la atención que la Suprema Corte de Justicia no se manifieste respecto de las declaraciones públicas” de Manini que “atentan, cuestionan y deslegitiman el accionar de magistrados y fiscales”.
