El presidente del gremio, Alberto Reyes, dijo a Telemundo que esas declaraciones persiguen el interés de no juzgar crímenes cometidos durante la dictadura.
Un día después de reunirse con el presidente Lacalle, el senador Manini Ríos dijo a Monte Carlo que derogar la ley que derogó la ley de caducidad, y reinstaurar los efectos de esta, contribuiría a “dar vuelta la página de una vez por todas y evitar que ciertos magistrados prevaricadores continúen utilizando el derecho a su antojo, con falsos testimonios muchas veces llevando a inocentes presos”.
En un comunicado, la Asociación de Magistrados del Uruguay “rechazó enfáticamente que las decisiones judiciales referidas a delitos en cuestión tengan motivo diverso al ejercicio regular de la función jurisdiccional”.
"Dejamos constancia por segunda vez que los jueces no hacemos eso. Podemos equivocarnos en la normativa aplicable de acuerdo a la interpretación, podemos errarle en la evaluación de las pruebas, pero eso sucede en todos los países", dijo Alberto Reyes, presidente de la Asociación de Magistrados.
Los magistrados también recuerdan que la ley de caducidad fue declarada inconstitucional en 2009 y que un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena perseguir y juzgar los crímenes de lesa humanidad: "Es una interpretación muy personal, un insumo que se utiliza para que no avance en las causas que tiene que ver con los delitos cometidos durante la dictadura, es bastante obvio. Para eso, lo único que pedimos es que nos dejen afuera. Si lo quieren discutir políticamente, está bien. Pero nosotros no somos el motivo", sentenció Reyes.
