Hace más de 30 años que el edificio está abandonado y solo queda el esqueleto.
El edificio tiene una deuda de 26 millones de dólares en tributos inmobiliarios, según el informe publicado por El Observador.
La Intendencia de Montevideo envió un proyecto de decreto a la Junta Departamental para poder expropiar el esqueleto, y si es aprobado, deberá pagar una compensación a los propietarios.
En el caso de que los dueños no estén de acuerdo con el monto, que todavía está sin definir, se lo puede expropiar por la vía judicial.
Además, hay una familia de ocho personas que vive en el primer piso de la edificación, al que también deberán desalojar.
Miguel es uno de los ocupantes, que además tiene una rotisería en la planta baja de la construcción.
Según dijo el hombre a El Observador, la Intendencia hasta el momento no le ofreció ninguna solución.
