Ese informe no convenció a las autoridades de ASSE que solicitaron que el tema pase a Jurídica del organismo y que sea estudiado de Montevideo.
El 13 de diciembre de 2020 una adolescente de 14 años murió luego de sufrir una infección generalizada, una semanas después de practicarse un aborto legal en el Hospital de Treinta y Tres.
Este hecho inédito, la primera muerte de una mujer tras practicarse un aborto legal, derivó en una investigación penal –luego de que la familia denunciara ante la justicia el hecho- y otro administrativo, realizado a pedido de la autoridad central de ASSE pero ejecutado por el mismo hospital donde ocurrió la muerte.
El director de salud y niñez de ASSE Ignacio Ascione había dicho a Telemundo que aquel hecho tan inusual apuntaba a que algo había fallado en el seguimiento de la paciente, luego de que se detectara la presencia de cuoagulos tras recibir el fármaco que produjo el aborto.
Sin embargo, el informe completo realizado por el hospital de Treinta y Tres finalmente concluyó que no hubo nada inusual en el procedimiento médico y descartaba que hubiera habido mala praxis.
El informe no convenció a las autoridades de ASSE, que encomendaron a Jurídica que amplíen la investigación, de modo que el tema sea tratado desde Montevideo.
ASSE señala que las respuestas de los implicados fueron escuetas, y agregan que en ellas se mencionan procedimientos durante el tiempo que estuvo internada que no figuran en la historia clínica de la paciente.
