Esta causa se suma a la que enfrenta por delitos de lesa humanidad, por los que era buscado desde 2009. Permanecerá detenido en la cárcel de Domingo Arena.
Miguel Sofía utilizó un documento falso para ingresar a Uruguay. Su abogado dijo que un amigo se lo había proporcionado cuando estaba fuera del país. Por este hecho compareció hoy ante la justicia y se dispuso que esté en prisión preventiva por el plazo de 60 días por “falsificación ideológica por parte de un particular” y “uso de certificado falso”.
Este viernes también compareció Adolfo Aldo Casaballe Lapido, quien es el titular de la cédula que Sofía utilizaba cuando fue detenido esta semana en Montevideo.
"Mi cliente explicó los motivos por los cuales lo hizo. Evidentemente al estar prófugo si hubiera utilizado un documento real hubiera sido capturado inmediatamente. Declaró que siempre entró por frontera seca y que no hizo uso del documento a no ser en esa oportunidad cuando Interpol lo detiene y él presenta ese documento
Esta causa que se rige por el Código Procesal nuevo se suma a otras que Sofía enfrenta vinculados a violaciones de derechos humanos.
La justicia dispuso que permaneciera preso en la Cárcel de Domingo Arena, donde se encuentran recluidos otros militares que cumplen condena por delitos de lesa humanidad.
Sobre los delitos de lesa humanidad por los que Sofía era buscado desde hace diez años, la defensa interpuso un recurso de inconstitucionalidad y ahora el caso se encuentra en la órbita de la suprema corte de justicia. Esta causa se rige por el Código del Proceso Penal anterior.
Se le imputa asociación para delinquir, la desaparición forzada de varias personas y dos delitos de homicidio especialmente agravados. Ante la Justicia se declaró inocente de todos los crímenes.
Según explicó el abogado de Sofía, el recurso que presentó se basa en la prescripción de los delitos por los que se lo acusa y la irretroactividad penal.
El empresario fue detenido por Interpol la noche del martes en Montevideo por tener una orden captura internacional por no presentarse a declarar ante la Justicia como indagado en el año 2009.
Sobre él recae un pedido de procesamiento dictado por el entonces fiscal Ricardo Perciballe por la desaparición forzada de Héctor Castagnetto (1971) y los homicidios de Manuel Ramos Filippini e Ibero Gutiérrez, producto de las operaciones de los escuadrones de la muerte.
