La Justicia ordenó el levantamiento de la reserva de la investigación en la Operación Océano

Hay 21 imputados señalados por el pago o promesa de retribución para mantener relaciones sexuales a menores, proxenetismo y contribución a la explotación sexual de niños o adolescentes.

La resolución se tomó en una audiencia inédita por la cantidad de imputados reunidos en un mismo lugar. De hecho, debió realizarse en una sala especialmente acondicionada en el edificio del poder judicial, frente a la Suprema Corte.

La Operación Océano tiene ya 18 víctimas. Algunas se sumaron en los últimos días, y por eso en esta audiencia también se debió solicitar medidas de no acercamiento y comunicación con los imputados.

"La Fiscalía entendió que pasó suficiente tiempo que ha tenido para investigar, si bien quedan evidencias por recolectar, entendió que era pertinente el levantamiento de la reserva por una igualdad de partes, para que la defensa pueda acceder", dijo la fiscal del caso, Darviña Viera.

De esta forma, recién a partir de este lunes los 21 imputados de la causa Océano podrán conocer las pruebas que la fiscalía pudo reunir en su contra a lo largo de estos meses de investigación.

Lo habitual es que las defensas de los acusados accedan a esa información mucho antes, incluso previo a ser formalizados.

Sin embargo, en este caso la fiscal Darviña Viera había entendido que si los imputados se hacían de esa evidencia, podrían identificar a las víctimas e interferir con la investigación.

De todas formas, se mantendrá la reserva de algunas actuaciones contra seis imputados, lo cual no fue apelado por sus defensores.

Además se pidieron medidas cautelares para proteger a nuevas víctimas que se fueron agregando a la investigación en los últimos meses.

En esta causa ya son 18 las adolescentes que denunciaron haber recibido dinero, drogas o regalos a cambio de sexo.

"Lo otro que pidió la Fiscalía son medidas cautelares respecto al resto de las víctimas que todavía ni siquiera hemos terminado de recibir sus declaraciones", dijo Viera.

Se trata de prohibición de acercamiento y comunicación con las victimas por un plazo de 180 días.

La fiscal, Darviña Viera, adelantó que la causa todavía está lejos del juicio oral, la última etapa en la que los imputados podrían ser condenados o absueltos.

"En todos los casos de abusos o explotación, las pruebas son difíciles de obtener. Lleva todo un proceso obtener esas evidencias para luego presentarlas en juicio. Para el juicio en sí falta mucho tiempo. La Fiscalía está juntado evidencia, y las defensas también", sentenció la fiscal.


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