El dato surge del informe preliminar de la Auditoría Interna de la Nación.
Inefop administra el Fondo de Reconversión Laboral, al que aportan trabajadores y empleadores del sector privado.
Una parte se vuelca al denominado “literal Ñ” del artículo 2 de la Ley 18.406, que prevé “cooperar y brindar asistencia financiera a las organizaciones más representativas de trabajadores y empleadores” para la formación e investigación en negociación colectiva.
Del 2017 al 2019, destinó $ 150,2 millones que se distribuyeron entre el Instituto Cuesta-Duarte del PIT-CNT y las Cámaras de Industrias y de Comercio y Servicios, principalmente, además de otra quincena de gremiales.
Según informó Búsqueda, la auditoría constató que en el 90% de los casos el el dinero se empleó para “diversos fines ajenos” a lo establecido en la norma, con aval del consejo directivo.
Hubo pagos por “cenas en local nocturno en la madrugada”, honorarios a abogados por litigios “ajenos al instituto”, compras en supermercados, service de vehículos, catering y almuerzos, clínica odontológica, suscripciones a medios de prensa, sueldos de funcionarios no docentes y mantenimiento edilicio.
La auditoría recomendó “pausar los pagos” a las organizaciones sociales y “realizar una completa reingeniería del proceso de control de rendiciones” del literal Ñ. También aconsejó analizar las rendiciones de gasto, revisar el uso de los fondos desde 2017 y descontar de futuros pagos aquellos que no correspondan.
