El responsable del consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, Juan Ceretta, explicó que el Consejo de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hizo esa solicitud que el propio Ceretta había gestionado.
Un año atrás cerca de 750 familias habían ocupado terrenos en la zona de Santa Catalina en un predio perteneciente a una empresa privada. La usurpación fue denunciada tanto por los dueños del terreno como por la Intendencia de Montevideo. La justicia, mediante la intervención de Fiscalía penal, actuó en el caso aunque hasta el momento no se llevó adelante ningún desalojo.
La solicitud realizada ante la ONU del titular del Consultorio Jurídico de la Udelar se da en ámbito civil procurando defender el derecho a la vivienda de 52 de esas familias. Pero aclara no cambia el proceso penal que se lleva adelante.
"Nosotros al comité le pedimos dos cosas. Le pedimos que se pronunciara respecto al derecho a la vivienda en Uruguay, eso está pendiente de resolución. Pero lo que sí dispuso, como habíamos pedido en carácter de medida previsional, es que mientras tanto no se efectúen esos desalojos. Si bien es cierto que la Justicia penal es independiente y puede tomar las decisiones que considere, parece razonable que el Estado en sí tome nota de esta recomendación o dictamente de Naciones Unidas", explicó Ceretta.
El fiscal que lleva la causa de usurpación de tierras en el asentamiento dijo que la declaración del consejo de la ONU no es vinculante en lo que respecta al curso de la causa. Además fue enfático en señalar que no hubo ningún desalojo ni hay ninguno previsto en este caso, porque hay un acuerdo entre la Fiscalía y los defensores que procura buscar una solución para las familias afectadas:
La intendenta de Montevideo dijo que buscarán alternativas de vivienda junto con el Ministerio para atender la situación de las personas que viven en el Nuevo Comienzo:
