Así lo establece el informe anual de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Señala que hay situaciones dispares en los centros y hace recomendaciones a las autoridades y al sistema político.
El informe fue elaborado por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, de la Institución Nacional de Derechos Humanos.
En el punto sobre el sistema de responsabilidad penal adolescente, el informe anual cuestiona leyes recientes que “endurecieron la respuesta punitiva y redujeron garantías” para los adolescentes infractores.
Señala que en cinco años, se redujo en casi un 43% la cantidad de menores privados de libertad: eran 1007 en el año 2014, y pasaron a 581 el año pasado.
El 94,7% de los adolescentes que atiende el INISA son varones.
En el 2018 el Mecanismo de Prevención de Tortura hizo 35 visitas, con lo que alcanzó a cubrir todos los centros. En los de mayor seguridad estuvo dos o más veces.
La conclusión es hay disparidad de propuestas. Reconoce que en algunos como Nuevo Rumbo (Minas), Granja, Desafío y el CIAF se priorizan aspectos socioeducativos. La mayoría de los internos cursan Secundaria pero además tienen talleres de teatro, robótica, cocina, yoga y otras actividades no formales.
Sin embargo de la mayoría de los centros, principalmente en los de mayor seguridad, persisten condiciones que “propician la emergencia de posibles situaciones de tratos crueles, inhumanos y degradantes” dice el informe.
Alude a “la fuerte presencia de rejas, una estructura edilicia que comprime, (…) el encierro compulsivo y el traslado de internos con esposas”.
Un ejemplo de ellos parece ser el CIEDD (Centro de Ingreso, Estudio, Diagnóstico y Derivación), ubicado en Bulevar Artigas y Gral. Flores. Allí se produjeron 48 de los 70 intentos de suicidio de adolescentes internados en hogares del INISA, en los primeros siete meses del año pasado.
Otro punto que señala el informe es la utilización de medicamentos como estrategia de contención. Si bien reconoce que se hace con control médico, advierte que en su visita al centro femenino todas las adolescentes tomaban psicofármacos y ninguna conocía el nombre del medicamento que tomaba.
También se constataron deficiencias edilicias en varios centros, pocas actividades de relación de los adolescentes con el exterior y propuestas educativas y de egreso frágiles y fragmentadas.
Por todo eso recomienda cambios en las prácticas de encierro, y modificar la normativa penal juvenil que define como “regresiva y contraria a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales”.
