Las instituciones que se ocupan de niños o personas discapacitadas deberán pedir a la Policía los antecedentes de empleados para descartar que hayan cometido delitos sexuales

Así lo estipula el proyecto que fue aprobado en comisión y que en algunas semanas se convertirá en ley.

Todas las instituciones públicas y privadas que tengan trato directo con niños, adolescentes, personas con discapacidad y mayores en situación de dependencia deberán pedir información a la Policía sobre el personal que tienen a cargo para cerciorarse que están libres de antecedentes de delitos sexuales (violación, abuso sexual, atentado violento al pudor, pornografía o tráfico de personas). La Policía Científica dispone de una amplia base de datos.

“Tiene un registro de huellas dactilares y genéticas, que es más que importante. Tiene registradas a personas con antecedentes, no solo en esta materia sino en otras”, apuntó la senadora Daniel Payssé.

Esta información a la que accederán las instituciones es reservada.

“A quien le interesa es a la institución, que tiene que tener la certeza de que, cuando contrata a una persona a cumplir tareas no puede tener antecedentes por un mínimo de diez años al menos como indica la Ley de Violencia de Género”, agregó Payssé.

Luego que se apruebe en el Parlamento, el Poder Ejecutivo tendrá un mes para reglamentarlo.


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