Por la falta de presupuesto las autoridades judiciales informaron que la norma se comenzará a aplicar en forma gradual.
El Poder Judicial pidió 30 millones de dólares para implementar los cambios que requiere la ley: al menos un juzgado especializado en cada departamento y 30 sedes en Montevideo con su correspondiente personal.
La Fiscalía pidió otros 10 millones de dólares. Pero el Gobierno en la Rendición de Cuentas no prevé todos esos fondos y entonces el dinero no estará.
Las legisladoras quedaron conformes con las respuestas de la Suprema Corte.
Para otros aspectos de la ley en la Rendición de Cuentas se otorgan recursos al Ministerio del Interior para compra de más tobilleras y a vivienda para soluciones habitacionales para víctimas.
