El aval, que había sido otorgado por el BROU en coordinación con la aseguradora privada argentina Boston, no pudo cobrarse luego de que fracasara la subasta de los aviones de Pluna.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) dio la razón al Banco República (BROU) en el diferendo que tiene con el empresario Juan Carlos López Pena, que ahora deberá pagar el aval otorgado a la empresa Cosmo en el marco de la subasta de los aviones de Pluna, de acuerdo a lo que informó El País y confirmó Telemundo.
El banco anunció que apelaría la sentencia dictada en 2019 por la Justicia y presentaría una casación ante la SCJ, que resolvió este martes por mayoría dar la razón a la institución financiera.
En febrero de 2019 la Justicia había fallado a favor de López Mena, por lo que el banco debía devolverle los pagos del aval. El juez Guzmán López Montemurro amparó parcialmente la demanda del empresario. Declaró que no correspondía el pago del saldo que estaba pendiente con motivo del acuerdo y condenó al BROU a devolver al empresario las sumas que ya fueron abonadas más intereses (unos US$ 14.000.000), además de una indemnización por daño moral de US$ 15.000.
El aval, que había sido otorgado por el BROU en coordinación con la aseguradora privada argentina Boston, no pudo cobrarse luego de que fracasara la subasta y su cobro implicaba una larga querella judicial.
En ese entonces López Mena, que fue quien a solicitud del gobierno de José Mujica (2010-2015) presentó al titular de la empresa Cosmo como posible comprador de los aviones de la extinta Pluna, ofertó al BROU asumir el pago de ese aval con una condición específica citada en el contrato de pago en la cláusula 7: “En caso que la normativa en base a la cual se estructuró la subasta de los aviones resultare inaplicable por prosperar las acciones legales promovidas al respecto por sentencia ejecutoria, y en tanto ello implicara la nulidad del remate y por ende la del aval otorgado por el BROU al MEF, el convenio se resolvería sin más tramite y en pleno derecho a partir de a declaratoria judicial”.
Luego que la SCJ declarara la inconstitucionalidad de la Ley de Fideicomiso relacionada con toda la venta de Pluna en 2013, López Mena presentó una demanda en la que advirtió que la declaración de inconstitucionalidad implicaba la nulidad de la subasta y del aval oportunamente otorgado.
