La empresa formalizó una demanda contra el Estado uruguayo por 3.536 millones de dólares.
El senador nacionalista dijo:
"El gobierno con secretismo, porque hubo secretismo, se fue comprometiendo a cosas que después no cumplió. Lo que empieza mal, termina mal. Una vez más, lamentablemente, lo pagan los uruguayos. Si se pierde, ojalá que no, será muchísimo. En un país que el gobierno no ha manejado los fondos públicos de forma de respeto a los ciudadanos, que después de una bonanza económica jamás vista en la historia terminamos con los números que está terminando este gobierno. Le agregamos por impericia, por incapacidad, por desprolijidad en este tipo de procesos que no lo han bien. El solo hecho de tener que contratar abogados le cuesta dinero a los uruguayos".
