Ante la consulta sobre si lo que el presidente había ordenado era rescindir el contrato, Díaz prefirió no hacer comentarios.
El prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que no hay "un proceso de mediación" con el astillero español Cardama, encargado de construir las dos patrullas oceánicas y que se están desarrollando "actos jurídicos" para seguir con la disputa legal.
"Ahora no hay ningún tipo de proceso de mediación, se están desarrollando actos jurídicos tendientes a cumplir lo que el presidente ordenó", dijo este lunes en entrevista con el programa de streaming De No Olvidar. Ante la consulta sobre si lo que el presidente había ordenado era rescindir el contrato, Díaz prefirió no hacer comentarios.
"Todo sigue hacia el cumplimiento, hacia las disposiciones que el presidente ordenó, vamos camino a resolver esta situación que es altamente perjudicial para el país", agregó.
En cuanto a la mediación, Díaz dijo que el exsecretario de la Presidencia Gonzalo Fernández se presentó como abogado en nombre de la empresa española para intentar llegar a un acuerdo, pero que eso no prosperó. "Hubo una propuesta que no permitió avanzar sin perjuicio de lo cual seguimos estando abiertos, pero activos", sostuvo.
Díaz agregó que siguen trabajando en lo legal y que no dirá las estrategias jurídicas a través de la prensa.
En octubre, Orsi en conferencia de prensa dijo que había decidido iniciar el proceso para rescindir el contrato con la empresa española encargada de construir dos patrullas oceánicas (OPV) para la Armada Nacional. “Hemos decidido iniciar denuncia penal porque tenemos indicios de que hay una estafa o fraude al Estado uruguayo”, afirmó en ese momento.
Según explicó en ese entonces Díaz, la compañía presentó como garantía a una empresa llamada EuroCommerce, que no contaba con los avales requeridos y se encontraba en proceso de liquidación. “Hay indicios fuertes de que es una empresa de papel y que estaríamos frente a un fraude al Estado uruguayo”, sostuvo.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, cuestionó en esa misma conferencia de prensa la contratación de Cardama durante el gobierno anterior y aseguró que “no se tomaron los recaudos” necesarios. Además, indicó que en las investigaciones administrativas se evaluaría si existió complicidad de funcionarios públicos en el proceso. Hasta el momento, el Estado uruguayo había transferido unos USD 30 millones a la empresa española.
Además semanas después la denuncia se amplió luego de que se descubriera una presunta falsificación de la firma de un escribano en los documentos presentados por la empresa en su garantía.