“En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar porque el Estado uruguayo respeta el estado de derecho", agregó el secretario de la Presidencia.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, echó por tierra la posibilidad de que el Estado uruguayo pueda negociar con el astillero español Cardama por fuera de las instancias penales y administrativas que se abrieron con la denuncia presentada la semana pasada, una posibilidad que fue manejada por el propio dueño de la empresa contratada para construir las patrullas oceánicas. “Nosotros vamos a recorrer el camino del derecho, porque por no recorrer el camino del derecho es que estamos en este problema”, dijo.
El abogado en Uruguay del astillero español Cardama, Alejandro Sciarra, dijo días atrás que, a su modo de ver, “en un día” se puede arreglar el actual diferendo con el Estado uruguayo. Además, advirtió que desde el gobierno todavía no hubo una comunicación oficial, por lo que entienden que el contrato sigue vigente.
En el mismo sentido, la empresa emitió este fin de semana un comunicado en el que aseguró que Uruguay no se apega "a la buena fe" y solicitó "la apertura de un diálogo inmediato".
¿Esto es una posibilidad para el gobierno? Sánchez respondió este lunes en rueda de prensa que el Estado uruguayo abordará solo caminos de mediación previstos en el proceso que se abre con la demanda presentada por incumplimiento del contrato, algo que la administración de Yamandú Orsi entiende que sucedió porque el astillero no presentó la renovación de su garantía en tiempo y forma.
“He escuchado a legisladores decir que esto se soluciona con una llamada por teléfono y un café. Cuando hay un contrato entre el Estado uruguayo, que es la plata de los uruguayos, y un privado, no se soluciona conversando en un café o comiendo un asado, se soluciona por los mecanismos formales, porque el hecho de hacer las cosas informalmente ha generado que hoy tengamos un contrato millonario y sin garantía”, dijo Sánchez.
Cardama solicita "la apertura de un diálogo inmediato" a Uruguay y advierte por acciones legales
“Nosotros denunciamos un hecho que nos parece relevante: un intento de estafa, indicios fuertes de estafa al Estado por una garantía con una empresa que francamente no tiene existencia. Hay dos componentes: el de la garantía y el del contrato. Nosotros frenamos el contrato de la construcción de las OPV sencillamente porque hoy no tenemos garantía. Por lo tanto, lo que hay que hacer, y dijo el presidente de la República, es iniciar las acciones administrativas que están en el marco del contrato que tiene el Estado uruguayo con Cardama, a efectos de subsanar estos problemas de un contrato que no tiene garantía. Uno no puede comprar algo si no tiene la garantía de que ese algo va a funcionar según lo estipulado y lo que va a pagar”, agregó.
A juicio de Sánchez, ahora por delante “habrá que generar todos los espacios que el contrato establece de mediación, discusión, de presentarse en los estrados judiciales, todo el proceso establecido en el contrato y que obliga a las dos partes”.
“En el contrato está establecida la posibilidad de una mediación, que es la que se va a utilizar porque el Estado uruguayo respeta el estado de derecho. Así como somos duros en exigir que no puede haber un contrato sin garantía, por supuesto somos los primeros interesados en recorrer los caminos establecidos en el contrato, que obliga al contratista y al Estado a recorrer ese camino. El presidente dijo y fue claro: inicié el camino para rescindir el contrato porque hay una garantía trucha. Frente a esto, hicimos dos acciones. Una penal, presentamos la denuncia por presunta estafa; la otra, administrativa, que desencadena el proceso de contrato, naturalmente que no se puede continuar con un contrato que no tiene garantía”, remarcó.
También Sánchez retrucó la idea de que el Estado no actuó de buena fe. “Actuamos de buena fe. El Estado uruguayo ha honrado su compromiso y frente a una garantía que se vencía, lo que hicimos fue ir a ejecutarla, cobrarla, porque quien tenía que comunicarnos que renovaba esa garantía, no lo hizo”, dijo.
Además, apuntó a la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025), durante la que se firmó el contrato con Cardama: “¿Por qué la administración pasada dio prórroga hasta 11 meses para constituir la garantía? ¿Por qué aceptó una garantía solo por 12 meses? Eso va por otro carril. Ese contrato no tiene garantía porque comprobamos que era inexistente”.