Oficialismo y oposición cruzaron críticas sobre el costo del Estado, la creación de cargos y el funcionamiento de la administración pública

Fue durante la votación del articulado del proyecto de ley de presupuesto.

El Frente Amplio cuestionó el plan para la recuperación del salario real de los funcionarios públicos; el oficialismo defendió la fórmula para castigar a funcionarios por abuso de certificaciones médicas.

Aprobado el proyecto en general el domingo, este lunes la cámara de diputados inició la votación del presupuesto, artículo por artículo.

Oficialismo y oposición centraron el debate en los cambios para las certificaciones médicas, y en el salario de los funcionarios públicos.

La oposición cuestionó de qué manera el gobierno proyecta la recuperación de salario real de los trabajadores del estado, hacia el año 2024.

Sánchez: Una de las cosas claras que deja el artículo es que ‘el poder ejecutivo podrá’, primero, no dice ‘el poder ejecutivo deberá. (...) Si dice ‘podrá’ eso es una facultad, la ejercerá o no la ejercerá el poder ejecutivo.

Rodríguez: Los aumentos salariales propuestos por el poder ejecutivo incluirán, incluirán, un componente del poder adquisitivo de las remuneraciones de los funcionarios públicos. Aquí hay un compromiso concreto-.

Legisladores de la coalición y del Frente Amplio cruzaron opiniones sobre el funcionamiento del estado y la administración pública; hubo críticas sobre el costo del Estado y los cargos de confianza.

Viviano: Tenemos problemas, entre otras cosas, a lo que ha sido al cabo de estos últimos tiempos, una verdadera estafa en el uso abusivo al estado por certificaciones médicas.

Rodríguez: La fórmula final a la que hemos arribado tiene que ver con eso. Poder amparar a los buenos funcionarios y poder castigar a aquellos que hacen un abuso crónico.

Etcheverry: Hay sí, situaciones de funcionarios que han abusado de este instrumento. ¿Pero es por esta vía?.

Etcheverry: ¿O es por una vía de generar protocolos de control de los procedimientos?.

Una vez aprobado en diputados, el trámite parlamentario continuará en la Cámara de Senadores, que tendrá cuarenta y cinco días para aprobarlo.


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