La justicia argentina procura coordinar con la uruguaya para desbaratar el entramado societario para el blanqueo de dinero montado por el gremialista argentino Marcelo Balcedo.
Según fuentes judiciales argentinas, la investigación realizada en ese país, sumado a la que hizo la Fiscalía de Maldonado a cargo del fiscal Rodrigo Morosoli, demuestra que se está ante un claro caso de lavado transnacional de activos.
El delito precedente se concretó en Argentina pero no termina en Uruguay, según coincidieron ambas investigaciones. La ruta del lavado de activos se inicia en Argentina, sigue en Uruguay y se expande en sociedades anónimas panameñas.
Las actividades de Balcedo vienen siendo investigadas en Argentina desde el año 2015, por la AFIP, el símil de la DGI, pero el expediente estuvo varios años trabado por planteos de nulidad y chicanas jurídicas.
Fue recién en noviembre del año pasado que se estableció, a raíz de una serie de escuchas telefónicas y la multiplicidad de vuelos privados entre uruguay y Buenos Aires que había presunción de delito.
Según la investigación del juez Kreplak, entre agosto a diciembre de 2017 Balcedo hizo diez viajes desde Aeroparque a Uruguay. En esos viajes se estima que trajo parte del dinero que le fuera incautado en los cofre fort que tenía en Montevideo.
Además, se le sumaron otras actuaciones policiales para acusar a Balcedo y su pareja Paola Fiege de evasión y lavado de activos y a Mauricio Yebra, secretario del Sindicato de Obreros y Empleados de Minoridad y Educación y socio de Balcedo, como presunto testaferro de la banda de narcotraficantes Los Monos de Rosario.
El 24 de diciembre de 2017, el juez Kreplak, libró una orden de captura internacional contra Balcedo y Fiege a quienes ya se los había detectado viviendo en Uruguay de manera permanente.
Finalmente, el 4 de enero fueron detenidos en su mansión El Gran Chaparral en el departamento de Maldonado.
Yebra se entregó a los pocos días en Argentina.
