Para Manini Ríos, los contatos firmados con UPM "no son lo suficientemente beneficiosos para el país y deben ser revisados"

Sin embargo, el futuro secretario de Presidencia Álvaro Delgado, aseguró que lo acordad podrá "gustar más o menos" pero que lo firmado será respetado.

“Mantener la seguridad jurídica es parte del acuerdo que está en el compromiso de todos los partidos que integran la coalición de gobierno”, dijo Delgado.

El futuro secretario de la Presidencia dijo que “pueden gustar o no gustar” algunas de las decisiones que tomó el gobierno actual durante las negociaciones con UPM, pero que lo firmado será respetado.

“Lo que está firmado lo vamos a respetar por un tema de seguridad jurídica y lealtad institucional, y responsabilidad institucional, y obviamente si hay cosas para renegociar y entendemos que no están bien negociadas, se podrán revisar, pero creo que el presidente electo fue muy claro cuando recibió a la delegación habló de seguridad jurídica, es más, le dijo algo más, ‘tenemos que ayudarnos mutuamente a mejorar mucho la calidad del agua del río Negro’”, expresó el futuro secretario de Presidencia.

Sin embargo, en declaraciones al semanario Crónicas, Guido Manini Ríos, líder de Cabildo Abierto, uno de los socios de la coalición de gobierno, dijo que si bien no “pretende imponer” su visión, sí cree que los contratos “fueron firmados desde una posición de debilidad y que merecen ser revisados”.

Manini agregó que el país “se comprometió a realizar muchas cosas” y “darle muchos beneficios a esa empresa”, y hay una “inequidad” en relación a las empresas nacionales; aclaró que no está “en contra de la inversión extranjera ni de UPM”, sino que considera que los contratos “no fueron lo suficientemente beneficiosos para el país”.

Por su parte, el diputado electo Eduardo Lust, también de Cabildo Abierto, continúa adelante con un reclamo judicial a favor de un grupo de vecinos afectados por el trazado del proyecto Ferrocarril Central, obra clave para la planta.

En redes sociales, escribió que “la seguridad jurídica” que el presidente electo “garantizó” a UPM, y “que en el Uruguay existe”, es la que “permitirá parar el tren y la planta”.


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