En plebiscitos anteriores, sólo tuvieron éxito los que contaban antes con un apoyo muy mayoritario, de al menos el 60%.
Está confirmada la realización del plebiscito de allanamientos nocturnos y es casi seguro que también se realizará el plebiscito de reforma de las jubilaciones.
¿Qué harán los electores en octubre si pueden optar por poner papeletas a favor de uno o ambos plebiscitos?
Si se pregunta sobre el plebiscito de reforma de la constitución para permitir allanamientos nocturnos, el 64% votaría a favor y sólo el 27% no lo apoyaría. Entre quienes votarán a la coalición más de ocho de cada 10 están a favor, como también lo están seis de cada 10 indecisos. Entre los votantes del Frente Amplio, en cambio, las opiniones están muy divididas, 45% a favor y 45% en contra.
Es fundamental señalar que es muy difícil anticipar con precisión qué sucederá con los referéndums y plebiscitos, sobre todo los que tienen lugar junto con elecciones. La gente suele estar mucho más interesada en quién será el próximo presidente que en cuál será el resultado de una votación sobre una ley o una propuesta específica. Para que un plebiscito logre su objetivo, debe obtener más de la mitad de los votos válidos, y para ello, más de la mitad de los sobres abiertos deben contener la papeleta por el sí a la moción que se plebiscita. Los grupos que promueven el plebiscito tienen que estar muy organizados para recordarles a todos que incluyan una papeleta adicional en el sobre de votación. Cuando hay dos plebiscitos, es aún más complejo, porque la gente tiene que saber distinguir una papeleta de otra.
En plebiscitos anteriores, sólo tuvieron éxito los que contaban antes con un apoyo muy mayoritario, de al menos el 60%. Otros plebiscitos, que en las encuestas a esta altura del ciclo electoral aparecían con el apoyo de algo más de la mitad del electorado, no lograron que el 50% +1 de los electores incluyeran su papeleta. Eso fue lo que sucedió con el plebiscito sobre seguridad impulsado por Jorge Larrañaga en 2019, con el de Pedro Bordaberry sobre imputabilidad de menores en 2014 y con el referéndum sobre la Ley de Caducidad impulsado por el Frente Amplio en 2009.
