Felipe Martín, director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, aseguró que el proceso fue transparente: "si creen que no hay transparencia que denuncien"
Sictrac es el sistema de rastreo satelital de los camiones de carga que empezando el 18 de febrero será obligatorio para los transportistas con más de 20 camiones y luego de forma escalonada para los de menos.
La clave aquí es que se ha levantado una polémica debido a que genera un negocio de 14 millones de dólares pero que solo una empresa está habilitada por el Estado para proveerlo y esa empresa además está directamente relacionada con la Intergremial del Transporte de Camiones. Esto ha generado denuncias de transportistas y empresas competidoras de falta de transparencia en los procesos implementados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.
Básicamente las empresas que se presentaron en los plazos establecidos han sido demoradas en los procesos de homologación y si de aquí al 18 de febrero no tienen la habilitación los transportistas solo podrán firmarlos la única empresa autorizada, que les cobra unos 400 dólares al año por camión. Es una cifra que muchos de los involucrados entienden que es dos veces más de lo que vale. En Uruguay la cantidad de camiones que brindan este servicio ronda los 35.000. Haciendo los cálculos genera este monto de recaudación al año de 14 millones de dólares.
El director de Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Felipe Martín, indicó al respecto: "No está terminado el proceso del llamado. En la medida de que las empresas que se presentaron levanten las observaciones que le han sido notificadas por parte de la comisión, estarán en condiciones. Los criterios de por qué están observadas los tienen, la potestad la tienen los técnicos que trabajan en esa comisión y seguramente debe haber fundamento".
Hoy por hoy son solo dos las empresas autorizadas para vender el servicio que en realidad pertenecen al mismo propietario una se encarga de importar los aparatos de rastre satelital de origen chino y la otra de proveer el servicio. Las empresas son SIT SA y Bidafox SA, ambas con dirección en La Paz 2060. Curiosamente es el mismo edificio donde funciona la Intergremial de Transporte Profesional de Carga del Uruguay.
Telemundo consultó al presidente de esa entidad al señor Mauro Borzacconi que, si bien prefirió no hablar en cámara, nos reconoció que ambas empresas son propiedad del mismo empresario que trabaja con y para la Intergemial y que del dinero que gane con la prestación del servicio a los camiones le entregara a la organización. No quiso aclarar de cuánto dinero se trata, pero aseguró que servirá para mantener la sede, pagar cursos de capacitación, ayudar a gremiales con problemas financieros y exonerar de cuota a los socios.
Según el criterio de Borzacconi no tiene nada de malo que sea una empresa sola la que brinde el servicio ya que fue la que verdaderamente se interesó por el sector, pero asegura que si existieran otros interesados ellos los recibirían. Cabe aclarar que hoy por hoy dentro de la propia Intergremial muchos de los gremios de transportistas asociados están muy molestos con toda esta situación y entienden que desde la directiva se orquestó todo esto con intereses económicos.
Por otra parte, las empresas proveedoras de servicios que se presentaron a homologación están pensando en llevar adelante demandas si ven que quedan afuera del negocio por la demora generada por el MTOP y entienden que el procedimiento puede haber sido diseñado para beneficiar a la única empresa que hoy por hoy tiene el monopolio.
Martín asegura que el tema se politizó por la cercanía de las elecciones: "No hay ninguna situación que amerite dudas", sentenció.
