Ricardo Pérez Manrique: “Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer”

La Justicia rechazó en el Senado la aplicación parcial del nuevo Código del Proceso Penal a partir del 1 de febrero de 2017, como acordó Tabaré Vázquez con la oposición.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, compareció ante la comisión de Constitución y Legislación del Senado para tratar la aplicación de la reforma del Código de Proceso Penal, que el Poder Ejecutivo y los partidos de la oposición acordaron realizar de manera paulatina. El magistrado cuestionó ese proyecto y señaló que el procedimiento abreviado que se plantea es inaplicable en la mayoría de los casos.

Según Pérez Manrique, esta vía abreviada obliga al imputado a colaborar con el acusador, que quizá no cuenta con las pruebas suficientes, lo que desencadenaría una condena sin prueba. Agregó que por razones económicas y deficiencia no se pueden socavar las garantías constitucionales, ni violar el derecho de defensa del imputado. Opinó que si se trata de un instrumento para enfrentar la crisis en el sistema de Justicia Penal y efectuar el descongestionamiento de causas, solo debe usarse en forma excepcional y existe el peligro de que se convierta en “una cómoda burocratización”.

Indicó que con este procedimiento no se pretende dar una solución integral a los problemas del sistema penal, sino aportar un instrumento más que permita llegar a la decisión final del conflicto sin transitar por todas las etapas del proceso común.


Durante la sesión del senado, Pérez Manrique respondió una pregunta del senador Rafael Michelini sobre si efectivamente el nuevo código podía aplicarse a partir del 1º de agosto de 2017, o si habría una nueva prórroga. Respondió que habló de “seis meses a un año”.

Anteriormente, Pérez Manrique se había mostrado contrario a la propuesta original de comenzar la aplicación de la reforma el 1º de febrero próximo, lo que está estipulado en el plan actual:

La Corte ha señalado la total inconveniencia de tener un régimen intermedio a partir del 1º de febrero de 2017 hasta julio. Entendemos que ese régimen intermedio no se puede aplicar por falta de medios.

La SCJ reivindicó su competencia constitucional para regular el funcionamiento de las oficinas judiciales, reducir o no las ferias y supervisar a los funcionarios. Y rechazó los cuestionamientos que sugirió el fiscal general Jorge Díaz.

“Nadie tiene que decirnos lo que tenemos que hacer”, sostuvo Pérez Manrique.


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