El BPS estableció que la maniobra perpetrada por el denunciado implicó un perjuicio que asciende a la suma de $ 3.104.514. Al quedar al descubierto, Pastoriza devolvió la totalidad de la suma.
Roberto Pastoriza, exintegrante del comité ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), fue condenado por la Justicia por un delito continuado de estafa que realizó trabajando para el club El Tanque Sisley en 2020.
Este miércoles el diario El País había informado que un dirigente había sido condenado por este caso. Según confirmó Telemundo, se trata del ex neutral de la AUF.
Según informa Fiscalía, el imputado, en calidad de “gerente administrador” declaró ante el Banco de Previsión Social (BPS) entre julio y agosto de 2020 en forma retroactiva, a 22 personas como trabajadores de la institución “Club Cultural y Deportivo El Tanque Sisley”.
Pastoriza presentaba fecha de ingreso a diciembre de 2019, y con salarios que oscilaban entre los $ 95.000 a $ 105.000. Luego de presentar la nómina, declaraba la finalización del contrato laboral. Por este motivo, el BPS comenzaba a abonar el subsidio por desempleo para estas personas que, supuestamente, se habían quedado sin trabajo.
Según Fiscalía, el imputado admitió que las personas no trabajaron en el club o, en otros casos, no lo hicieron por los períodos mencionados, ni percibieron las remuneraciones indicadas. Es decir, se “indujo” al BPS a pagar el subsidio pese a que no correspondía.
“Las declaraciones de servicios apócrifos permitieron que un número importante de personas accediera a tal beneficio, el que, en realidad, fue gestionado y percibido por el imputado P, mediante la utilización del usuario y clave personal de quienes figuraban como presuntos empleados”, detalla el documento.
El BPS estableció que la maniobra perpetrada por el denunciado implicó un perjuicio que asciende a la suma de $ 3.104.514. Al quedar al descubierto, Pastoriza devolvió la totalidad de la suma el 28 de junio pasado.
El exdirectivo de la AUF fue condenado por un delito continuado de estafa junto a un delito continuado de falsificación ideológica por un particular, a la pena de 23 meses de prisión, que será sustituida por la de libertad a prueba.
Deberá presentarse ante la seccional policial más próxima a su domicilio una vez por semana por un mes y prestará servicios comunitarios por cuatro horas semanales por seis meses.
