Estuvieron involucrados la Fiscalía, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial, la ONU y organizaciones de la sociedad civil.
En este sentido, se señaló:
"Nosotros tenemos un muy poco marco jurídico. Tenemos apenas en la ley de migraciones el delito de trata, por lo tanto, representa un avance sustantivo. Por un lado, define las distintas dimensiones de la trata, define cuáles son los derechos indispensables de las víctimas, define cuál debe ser el marco institucional del abordaje y qué líneas de políticas públicas se tienen que hacer. Define un equipo de respuesta urgente, porque, en general, cuando nos llegan los casos las situaciones son de emergencia y requerimos una articulación entre los servicios sociales, la Policía y la Justicia de manera inmediata. Estamos hablando de las primeras 24 horas. Por lo tanto, también define la protección de la víctima, porque muchas veces es testigo de otros delito, entonces tiene que estar dentro del estatutos de testigo protegido”.
