"El Uruguay necesita de OPV", dijo el secretario de la Presidencia.
El secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, informó este lunes que el Consejo de Ministros analizó la situación tras la denuncia presentada en Fiscalía por parte del gobierno por la presunta estafa al Estado uruguayo vinculada al contrato con el astillero Cardama para la construcción de las patrullas oceánicas.
Sánchez señaló que el Ministerio de Defensa presentó un "extenso informe" sobre los distintos aspectos del caso, y reiteró que el Poder Ejecutivo mantiene “la línea de acción que oportunamente se comunicó, que es avanzar por el camino de la transparencia, por la defensa de los recursos públicos, que no es otra cosa que la defensa de los recursos de los uruguayos, y agotar toda la vía administrativa posible para ir en este proceso de esclarecer”.
El jerarca recordó que el Ejecutivo ya presentó la denuncia penal y que ahora se está “a la espera de que la Fiscalía General comience a trabajar en este tema”, por lo que “sobre los aspectos que hacen a la denuncia penal, el Poder Ejecutivo por el momento va a esperar el trabajo de la Justicia a efectos de que se pueda esclarecer esta denuncia”. En ese sentido, afirmó que el gobierno espera “muy confiado en que la justicia uruguaya actúe y actúe con la mayor celeridad posible”.
Consultado por los detalles del informe, Sánchez reafirmó que se constató una situación “en donde al parecer esas garantías son garantías de papel”, y subrayó que “cualquier contratación de la administración pública no puede comenzar a ejecutarse si no se constituyen esas garantías”. Añadió que al vencerse la garantía de fiel cumplimiento, el Estado “pretendió cobrar esa garantía para resguardar los recursos”, y que “hasta este momento” no hay información nueva al respecto.
“El Poder Ejecutivo sigue con su convicción de que hay que ir por el camino de la transparencia, la cristalinidad y la defensa de los recursos públicos”, insistió.
Sánchez confirmó además que la empresa Cardama intentó comunicarse con el gobierno. “Efectivamente, Cardama se ha intentado comunicar con el Poder Ejecutivo intentando generar alguna instancia de diálogo”, dijo. No obstante, aclaró que el Ejecutivo ya notificó a la firma sobre la decisión de avanzar por la vía administrativa para denunciar el contrato, y que “naturalmente el Poder Ejecutivo está dispuesto en ese proceso administrativo, si es que se necesitan abrir espacios de mediación, a hacerlo”.
Respecto al futuro del contrato y la construcción de las patrulleras, el secretario de la Presidencia sostuvo que el objetivo del gobierno “es tener patrulleras oceánicas” y que, si bien hoy “hay un contrato sin garantías”, se buscará resolver la situación “ya sea con el mismo astillero, con otro o en conjunto”. Recordó que el Estado uruguayo ya invirtió USD 30 millones, por lo que resulta prioritario “ver qué es lo que se ha hecho hasta el momento y cómo puede seguir la construcción de las patrulleras oceánicas y en qué hipótesis se puede dar”.
Consultado sobre los contactos con el gobierno español -Cardama es una empresa gallega, con sede en la ciudad de Vigo-, Sánchez señaló que hubo comunicaciones con el gobierno y con la embajada española a efectos de notificarles la decisión que estaban tomando y para que estén informados. Agregó que España “ha planteado su voluntad de acompañar al Uruguay, asesorar al Uruguay en la medida de sus posibilidades y en el marco de sus competencias”, aunque aclaró que “aquí lo que hay es una contratación entre un privado y el Estado uruguayo, no un contrato entre gobiernos”.
Sánchez precisó que el Ejecutivo inició dos procesos paralelos.“Primero una denuncia penal por posible estafa, porque se presentaron unas garantías que cuando las quisimos cobrar encontramos que esa empresa no era ni solvente ni existía”. En segundo lugar, explicó que se inició el proceso administrativo para denunciar el contrato, “porque la decisión del Poder Ejecutivo es denunciar el contrato”.
“No quiere decir que el Uruguay se vaya a quedar sin OPV (patrullas oceánicas, por sus siglas en inglés)”, remarcó, sino que “habrá que buscar otras alternativas en el caso de que finalmente se denuncie el contrato y se disuelva” el que hoy tiene el gobierno con Cardama. “Habrá que buscar otras alternativas las cuales el Poder Ejecutivo también las está valorando”, dijo.
Sánchez subrayó que el gobierno está analizando un plan B para garantizar que el país cuente con las patrulleras oceánicas. “El Uruguay necesita de OPV y si las negociaciones con el contratista no prosperan, evidentemente hay que buscar un plan B para que haya una construcción en otro astillero”, dijo.
Finalmente, explicó que el contrato firmado con la empresa española establece que, en caso de disolución, “lo que se ha construido hasta el momento es propiedad del Estado uruguayo”. También señaló que “las diferencias técnicas con respecto a la construcción de las OPV se resolverán en el marco de arbitrajes internacionales y las diferencias jurídicas con respecto al contrato se resolverán en los estrados nacionales”.
“Por eso nosotros nos estamos remitiendo a la justicia nacional tanto en los dos procedimientos, en la presunta estafa, y por tanto en la justicia penal, como en la justicia administrativa en el caso de resolver las cuestiones de rescisión del contrato”, concluyó Sánchez.
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