El mandatario agregó que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo “alguna reunión” con países y astilleros, tanto públicos como privados, que fabrican este tipo de embarcaciones, al tiempo que se prevén nuevos encuentros en los próximos días.
Tras la decisión de rescindir el contrato con el astillero español Cardama, el Poder Ejecutivo informó que ya mantuvo reuniones con países, astilleros y potenciales proveedores y que continuará con nuevos encuentros para analizar alternativas para la adquisición de patrulleras oceánicas para la Armada Nacional.
El presidente de la República, Yamandú Orsi, convocó este viernes al Consejo de Ministros en la Torre Ejecutiva, donde la situación contractual con el astillero fue uno de los temas tratados. Finalizada esa instancia, anunció en conferencia de prensa la rescisión del contrato.
“Decidimos iniciar cuatro acciones, la primera rescindir el contrato de suministro por incumplimientos graves e iniciar acciones por daños y perjuicios”, afirmó Orsi. El mandatario indicó además que se resolvió iniciar acciones para “recuperar el patrimonio del Estado uruguayo”, “definir responsabilidades institucionales e individuales” y “procurar la adquisición de las patrulleras oceánicas”.
En ese marco, Orsi destacó que el gobierno ya avanzó en una agenda de reuniones para evaluar alternativas. “Estamos explorando, por supuesto, patrulleras oceánicas del mismo porte o similar, con algunas otras alternativas u otros países que están elaborando”, señaló. Agregó que existen “cuatro o cinco opciones” en análisis y que ya mantuvo “alguna reunión” con países y astilleros, tanto públicos como privados, que fabrican este tipo de embarcaciones, al tiempo que se prevén nuevos encuentros en los próximos días.
Orsi anunció la rescisión del contrato con el astillero Cardama por "incumplimientos graves"
El presidente mencionó que entre los países analizados figuran Colombia, Corea del Sur, India y Francia. También indicó que se evalúan herramientas complementarias para la vigilancia costera, como lanchas rápidas, y ofrecimientos de otros Estados para una solución intermedia, entre ellos uno proveniente de Estados Unidos.
Sobre la rescisión del contrato, Orsi sostuvo que la decisión se basó en “el incumplimiento grave derivado de las dos garantías”.
Por su parte, el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, afirmó que “el Estado ha cumplido todas sus obligaciones”, pero que se constataron “graves incumplimientos del astillero”. Díaz dijo además que el Estado uruguayo iniciará acciones judiciales contra Cardama por daños y perjuicios.
El prosecretario recordó que el proceso incluyó investigaciones administrativas en distintos organismos y que, en el caso del Ministerio de Economía y Finanzas y del Banco de la República, estas concluyeron sin determinación de responsabilidades. En relación a la búsqueda de proveedores, agregó que “España también puede ser” uno de los países considerados en las reuniones que mantiene el Ejecutivo.
En la conferencia también participó la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, quien afirmó: “En esta administración habrá patrulleras oceánicos, estamos explorando las diversas posibilidades para obtenerlos”.
El anuncio se dio tras un proceso iniciado en octubre de 2025, cuando el gobierno denunció penalmente a Cardama por presunta estafa, al entender que no cumplía con las garantías exigidas. Días atrás, una auditoría técnica concluyó que el astillero “no tiene capacidad para cumplir con los plazos de entrega” de las dos patrullas encargadas, lo que derivó en la rescisión contractual y en la apertura de una nueva etapa centrada en reuniones y contactos internacionales para avanzar en la adquisición de las embarcaciones.
En los últimos meses trascendió una carta remitida por la empresa estatal china China Shipbuilding Trade Company (CSTC) a la Comisión de Defensa del Senado, en la que se cuestionó el proceso de compra mediante el cual Uruguay adquirió las dos patrulleras oceánicas a Cardama.
El documento, firmado por el vicepresidente de la compañía, señala que CSTC obtuvo “96 puntos y fracción sobre 100 posibles” en el llamado realizado por el Estado uruguayo y que, tras comunicarse que el procedimiento podría declararse desierto por exceder el tope presupuestal de US$ 120 millones, la empresa presentó una rebaja sobre su oferta inicial de US$ 162,5 millones.
De acuerdo con lo expresado en la misiva, la propuesta no recibió respuesta por parte de las autoridades uruguayas y posteriormente se avanzó en otra compra.