La Fiscalía los acusó de omisión de asistencia, abuso de autoridad y a uno de ellos por coautoría de homicidio.
Sobre las 21:00 horas del 9 de octubre de 2018 se generaron incidentes en el piso tres del Penal de Libertad. Reclusos hicieron un boquete hacia la planchada para salir de su celda porque tenían problemas de convivencia. Hubo altercados con la guardia, que se intensificaron, hasta llegar a un amotinamiento de 21 reclusos. Los funcionarios dispararon escopetas y varios presos resultaron heridos.
Al primer interno que se entregó, sin colchón y con los brazos en alto, le dispararon los guardias cuando se estaba arrodillando en el piso. Quedó tendido. Los guardias declararon en Fiscalía que no recordaban haber visto un herido. Sin embargo, una cámara registró como el jefe del operativo, el sub oficial mayor y al menos un funcionario vieron como el interno se desangraba y no intervinieron. Incluso fue llevado a un calabozo.
“Me estoy desangrando, me estoy desangrando”, gritaba el interno, según registraron cámaras de la Compañía Especial de Operaciones Penitenciarias.
Los internos comenzaron a entregarse, fueron precintados y luego funcionarios de la salud constataron sus lesiones. Pedían que el recluso gravemente herido fuera el primero en recibir asistencia médica. Sin embargo fue el número 21, el último.
A medianoche, el recluso Carlos Alberto Núñez Santos murió.
“Dado el estado de salud crítico, la Fiscalía no advierte el motivo por el cual no fue llevado con premura al centro médico y en su lugar lo depositaron por más de dos horas en un calabozo”, planteó la Fiscalía.
Según el informe preliminar que realizó el Instituto Nacional de Rehabilitación en octubre, el recluso que murió había recibido una puñalada con un corte carcelario en un enfrentamiento.
El comisionado parlamentario para las cárceles, Juan Miguel Petit, inició una investigación y concluyó que la muerte se debió a una herida de bala con munición no letal que provenía del arma de un funcionario. Petit estableció además que el recluso no recibió la atención médica correspondiente: "hubo procedimientos mal hechos, mal hecho ese disparo, mal hecha la atención, mal hecha la investigación primaria y mal hecha la versión sobre lo que había pasado”, dijo Petit.
El Ministerio del Interior realizó una investigación interna y concluyó que las sospechas de Petit eran correctas.
Tras diez meses de investigación este lunes la Fiscalía condenó a tres funcionarios del INR por el homicidio: un comisario, un suboficial mayor y un agente.
La Fiscalía pidió medidas cautelares mientras dure la investigación. Son acusados de delitos de abuso de autoridad contra reclusos y omisión de asistencia. Al comisario también se lo acusa como coautor de homicidio. Fue quien disparó la escopeta a corta distancia y provocó las lesiones que desencadenaron la muerte del recluso.
