La Constitución de la República da la facultad a las Juntas Departamentales de aprobar por un tercio de los votos una solicitud al Tribunal de Cuentas para que haga un informe sobre la situación financiera de las intendencias.
El Tribunal de Cuentas hará una auditoría a la Intendencia de Montevideo (IMM), con foco en las horas extra de funcionarios durante el anterior período del gobierno departamental.
La Constitución de la República da la facultad a las Juntas Departamentales de aprobar por un tercio de los votos una solicitud al Tribunal de Cuentas para que haga un informe sobre la situación financiera de las intendencias.
Ese fue el procedimiento que siguieron los 14 ediles de la bancada opositora del gobierno de Montevideo para indagar sobre las horas extra que otorgó la administración de Carolina Cosse y de Mauricio Zunino. La Intendencia de Montevideo informó que entre enero de 2020 y diciembre de 2024 se realizaron un promedio de 719.000 horas extra por año.
Con todo, el presidente del Tribunal de Cuentas, Francisco Gallinal, explicó a Telemundo cómo se desarrollará la auditoría: “En principio, para nosotros es un pedido de trámite; es decir, se despacha hacia la división Auditoría y ahí se llevan adelante todas las actuaciones para averiguar toda la información, dentro de nuestras posibilidades, que está siendo solicitado por los ediles”.
“La Constitución también le da al Tribunal de Cuentas la responsabilidad de cuidar la hacienda pública”, indicó Gallinal.
En tanto, sobre el tiempo que podría demandar la auditoría, Gallinal respondió: “No es una cosa que se haga de la noche a la mañana, puede llevar algunos meses llegar a toda la información”.
El senador blanco y excandidato a intendente Martín Lema ya hizo un pedido de informes al Tribunal de Cuentas el 30 de julio sobre este tema. Según informó el diario El País, una de las conclusiones es que en 2023 hubo 1.435 funcionarios -que equivalen al 34% de quienes hicieron horas extra- que excedieron el tope de 40 horas mensuales que pueden autorizarse. Además el Tribunal encontró que había casos en los que no se había fundamentado correctamente la necesidad de aprobar las horas otorgadas.