Una demora burocrática en el Gobierno retrasa la implementación del despliegue de las Fuerzas Armadas en la frontera noreste y oeste del país

La ley, que autoriza el patrullaje y control en una franja de 20 kilómetros hacia el interior del país, actualmente no se está aplicando.

El proyecto de ley, actualmente a estudio del Parlamento, implementa asistencia a la autoridad nacional, sea la Policía, Aduana o la barrera sanitaria del Ministerio de Ganadería. Pero un pedido de la Comisión de Defensa del Senado, que preside el senador nacionalista Javier García, lo detuvo.

El texto de la norma fue enviado al Ministerio de Defensa y de ahí pasó a Secretaría de la Presidencia, donde quedó trancado. El problema se relaciona con una precisión. García propuso una modificación en un artículo donde se plantea que en el caso de la intervención de las Fuerzas Armadas, deteniendo a una o varias personas, se dé cuenta a la Policía o a la autoridad competente, si se tratara de un procedimiento aduanero o sanitario.

En el caso de un delito, según García, y para no alterar la cadena de mando, lo que corresponde es que el soldado actuante dé cuenta directamente al fiscal de turno.

“Esta vez, el Parlamento ha sido muy rápido y el que está siendo muy lento es el Gobierno: está esperando en un cajón. El militar que está en la frontera debe responder al ministro de Defensa, un soldado no puede depender de la Policía”, afirmó García.


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