Sus exsocios privados sostienen que el Estado expropió la aerolínea sin pagarles una compensación. En la demanda aseguran que Uruguay quiso destruir a la aerolínea, que ahuyentó a propósito al banco que prestaría dinero para rescatarla y que "persiguió" a sus socios hasta meterlos presos.
“Uruguay asfixió operativa y financieramente a Pluna”, dice la demanda por 800 millones de dólares contra el Estado uruguayo que lleva adelante la sociedad panameña Larah, que tuvo el 75% de la aerolínea.
Los demandantes alegan que el país violó el Convenio de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones entre Uruguay y Panamá expropiando ilegalmente la aerolínea, sin pagar una compensación económica.
Larah se presentó ante el CIADI del Banco Mundial con los testimonios de Arturo Álvarez Demalde y Sebastián Hirsch, quienes lideraron la compañía entre 2007 y 2012, un informe pericial de valuación de daños y especialistas del mercado aeronáutico.
“Este caso de trata sobre la destrucción por Uruguay de Pluna Líneas Aéreas Uruguayas, una aerolínea pujante y en expansión que Larah y su ejecutivos habían logrado transformar exitosamente con mucho trabajo e importantes inversiones”, sostiene la demanda, a la que accedió Telemundo.
El documento detalla que entre 2008 y 2011 las rutas de la aerolínea se triplicaron y que la cantidad total de pasajeros se duplicó.
Sin embargo, sostiene el escrito, Uruguay decidió liquidar la aerolínea y desprenderse de sus socios privados en 2011 para evitar demandas por 3.500 millones de dólares por su sociedad anterior con la brasileña Varig.
Entonces, dice el documento, Ancap intimó a Pluna a pagar 20 millones de dólares sin previo aviso y bajo amenaza de corte de servicio, mientras que Uruguay le pidió a Larah capitalizar urgentemente la aerolínea, pero ahuyentó al banco que otorgaría 30 millones de dólares, primero, y 45 millones de dólares, después.
Además, tras su liquidación en 2012, buscó traspasarle sus aviones y rutas al principal competidor aéreo y fluvial: Buquebus, beneficiando al empresario Juan Carlos López Mena, “aliado del presidente Mujica”, afirma el documento.
Autoridades uruguayas explicaban que la empresa no había logrado corregir sus números mientras aumentaba sus pasivos, y que las propuestas de los socios privados solo incrementaban las deudas frente a un afectado patrimonio. Por esto, la aerolínea había entrado en causal de disolución desde el primer año de gestión compartida.
“Con total desprecio por el estado de derecho, Uruguay no solo expropió la inversión de Larah en Pluna, sino que llegó incluso a encarcelar a su ejecutivos sin juicio previo, violando a sabiendas tratados internacionales en materia de derechos humanos”, agrega el documento.
Álvarez Demalde y Hirsch pasaron cuatro y catorce meses en prisión preventiva, respectivamente, por un delito continuado de estafa especialmente agravada por su gestión al frente de Pluna. Al día de hoy no tienen condena.
También fue a prisión por un año y medio el gerente general de la compañía, Matías Campiani.
La demanda reclama una indemnización por unos 80.600.000 dólares, cifra a la que se llega sumando el 75% de las acciones de Pluna y los intereses generados desde el cierre de la empresa.
El Estado uruguayo deberá presentar su respuesta en mayo, a lo que seguirán otras instancias antes del dictamen final. Uruguay es auspiciado por los abogados que lo representaron en los casos Philip Morris y Aratirí.
Consultadas por Telemundo, las actuales autoridades de gobierno se excusaron de hacer declaraciones.
LA HISTORIA DE PLUNA
Hace 15 años Pluna dejaba atrás su asociación con Varig y enfrentaba pérdidas que rondaban los dos millones de dólares por mes, con cuatro aviones en su hangar. Entonces, el primer gobierno frenteamplista, que consideraba estratégico mantener una aerolínea estatal para asegurar la conectividad del país, se asesoró con el holandés Paul Elberse de Ficus Capital para elegir un nuevo socio.
Aasí, el fondo de inversión Leadgate, que había gestionado Parmalat, obtuvo el 75% de las acciones de Pluna. El restante 25% seguiría en manos del Estado.
"El gestionamiento de la empresa pasará a ser ejercido por este grupo que se plantea un plan de negocios ambicioso", dijo el entonces ministro de Transporte, Víctor Rossi.
La aerolínea, que renovó flota, imagen y destinos, nunca terminó de despegar. Con el tiempo, enfrentó una caída en la demanda de pasajes debido a la desaceleración de las economías vecinas, el alto precio del combustible y problemas de tráfico aéreo ante restricciones que eran favorables a Aerolíneas Argentinas.
En 2011 la aerolínea canadiense Jazz se sumó, siguieron capitalizaciones privadas y estatales, pero las deudas eran importantes. Los cortocircuitos entre socios públicos y privados fueron cada vez más intensos y frecuentes.
En junio de 2012, Pluna Ente desvincula a sus socios privados y asume el control de la aerolínea. Dos semanas después, resuelve liquidar la empresa: “La situación económico-financiera hace imposible asegurar una adecuada operación”, explicó Pluna en un comunicado.
Entre 2007 y 2012 la compañía registró pérdidas por unos 100 millones de dólares y fue liquidada con un pasivo de 300 millones de dólares.
“Nos equivocamos”, escribió el entonces expresidente Tabaré Vázquez en un comunicado. “Todas y cada una de las acciones que se tomaron para concretar la unión de Pluna con Leadgate me fueron informadas por el entonces Ministro de Economía Danilo Astori y contaron con mi respaldo y aprobación explícita”, agregó.
Los socios privados fueron procesados por el delito de estafa con prisión preventiva. Los fiscales entendieron que habían orquestado una maniobra para enriquecerse a costa del Estado. Aún no tienen condena.
Mientras tanto, el Estado intentó rematar los siete aviones que le quedaban a Pluna. Casi se los lleva la empresa Cosmo.
Se trataba del padrino de los nietos de Juan Carlos López Mena, de Buquebus, que había usado su segundo nombre y apellido para pasar desapercibido, y un aval por casi 14 millones de dólares otorgado de forma irregular por el BROU. Horas después, El Observador los fotografió almorzando juntos en Ciudad Vieja.
El ministro de Economía Fernando Lorenzo, que renunció a su cargo, y el presidente del Banco República, Fernando Calloia, fueron condenados sin prisión por el delito de abuso de funciones en 2019.
