Legisladores colorados y frenteamplistas optan por regular su uso.
En junio 2017, en medio de las polémicas por las tarjetas corporativas, el Partido Independiente presentó un proyecto de ley para que las empresas públicas no las usen más.
El senador Pablo Mieres, argumentó que son imprescindibles para la función pública y que el sistema político tenía que dar una señal a la población.
En noviembre, el senador blanco Jorge Larrañaga presentó otro proyecto en el mismo sentido: señaló que no se ajusta al derecho que los entes otorguen créditos sin un límite a sus funcionarios sin un límite o finalidad preestablecido.
El caso de las tarjetas corporativas en el Banco República reabrió el debate.
El senador blanco Javier García se manifestó a favor de eliminar las tarjetas corporativas de los organismos públicos.
“Ha demostrado que no tiene ningún motivo. Han dado lugar a cualquier tipo de atropello. Lo mejor es sacar. Si alguien tiene que hacer un gasto, va, lo compra, le da la factura al tesorero y que lo reponga”, afirmó García.
En el Frente Amplio afirman que las tarjetas son una herramienta, pero no la causa de desvíos éticos. Coinciden en una mejor reglamentación de su uso.
“Hay que regularlas porque son el instrumento más transparente. Permite trazabilidad”, dijo el diputado Rafael Michelini.
En esa línea, el secretario general del Partido Colorado Adrián Peña dijo a Telemundo que el problema no es la herramienta sino el uso que se le da. Señaló que es más transparente que cualquier otro sistema.
El senador colorado José Amorín también apoya una mayor regulación.
“La tarjeta es la que nos da la pauta de en qué se gasta el dinero de todos. Tenemos que establecer los controles”, indicó el senador colorado.
