Vacunas anticovid, Punta Colorada y Arazatí: los temas en los que ha fallado el juez Alejandro Recarey

En noviembre de 2022 el gobierno había anunciado el proyecto Arazatí como una de sus grandes obras.

El juez Alejandro Recarey ha tenido varios fallos que han influido en decisiones de gobiernos nacionales y departamentales, pero la paralización del proyecto Arazatí impacta de lleno en una de las iniciativas emblemáticas de la gestión del presidente Luis Lacalle Pou.

El gobierno la anunció como una de sus grandes obras: "Se ha aprobado el proyecto Arazatí; para que se hagan una idea es la inversión más grande en esta área de los últimos 150 años en el país", dijo Lacalle en conferencia de prensa en noviembre de 2022.

En ese entonces la sequía ya había empezado, aunque lo peor no estaba a la vista. Fue el anuncio de una obra y la comunicación de que se tomaba una decisión que cerraba una diferencia con el gobierno anterior, que planificó una represa en Casupá como respaldo. Por eso es tan emblemática y por eso el fallo del juez Recarey paraliza el proyecto y moviliza al gobierno. Y no es la primera vez.

El gobierno apelará la decisión judicial que ordenó frenar la firma del contrato para la construcción del proyecto Arazatí en San José

El juez es recordado por su fallo en el caso de las vacunas anticovid en niños. El 7 de julio de 2022 el magistrado hizo lugar a un recurso de amparo y ordenó suspender la vacunación a menores de 13 años. Ya la mitad de los niños habían sido vacunados.

En aquel momento hubo manifestaciones a favor del fallo y el Ministerio de Salud Pública (MSP) apeló. A los 20 días un tribunal revocó la decisión, la vacunación se retomó y el mismo tribunal remitió el caso a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para que analizara la actuación de Recarey.

El máximo órgano judicial inició un sumario y lo suspendió por 90 días de sus funciones.

El mismo juez tuvo otros procesos en los que se enfrentó a decisiones de gobierno. El otro caso reciente es también de julio del año 22 cuando mandó detener las obras que se hacían en la rambla de Punta Colorada que incluían la demolición de casas en la costa. El magistrado hizo lugar así a un reclamo de vecinos y organizaciones ambientalistas.

El fallo fue revocado en 2023 cuando se le dio razón a la Intendencia de Maldonado para continuar los trabajos.


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