A cinco de ellos se les imputó el delito de extorsión por el desalojo de vecinos del barrio.
Otros dos integrantes de la banda fueron condenados por tráfico interno de armas, y otro por receptación. En tanto, para la mujer señalada como cabecilla de la banda se dispuso libertad vigilada por el plazo de quince meses.
El fiscal del caso, Enrique Rodríguez, entendió que la mujer no asumió un rol protagónico en la organización delictiva. Rodríguez concluyó que durante al menos un año esta banda amenazó de muerte a personas para que desalojaran sus casas.
La investigación de Fiscalía determinó que los delincuentes actuaban en grupo, fuertemente armados, y que las víctimas debían dejar las viviendas con lo puesto, abandonando sus pertenencias.
Las casas eran ocupadas por miembros de la banda, aunque también eran vendidas o alquiladas a otras personas por precios entre $40.000 y $80.000. También se las usaba como depósito de armas, drogas y objetos robados.
El punto crítico de la situación fue entre octubre y noviembre de 2017, cuando 77 personas y 25 apartamentos fueron desalojados. De diciembre 2017 hasta la fecha, suman 110 las personas desalojadas y 40 los inmuebles tomados en la zona.
Como consecuencias de la situación, se registró una alta deserción estudiantil en las escuelas del barrio: casi un 60 % de los niños dejó de asistir a las aulas.
En el horario vespertino, la inasistencia llegó a niveles críticos, con 83 % de faltas.
