El abogado de la víctima presentó una denuncia ante Fiscalía por los delitos de lesiones gravísimas. La Jefatura de Montevideo abrió investigación administrativa.
Un grupo de jóvenes estaba participando de un cumpleaños en un club social del barrio Lavalleja de Montevideo cuando la Policía llegó por una denuncia de ruidos molestos.
La información primaria indica que ese 19 de julio los efectivos ingresaron al salón ubicado en el cruce de las calles Yucutujá y Tacuarí y comenzaron a tirar gases lacrimógenos, lo que provocó que se desatara una trifulca que continuó en las afueras del lugar.
Según los testigos, los efectivos comenzaron a disparar balas de goma y una impactó en el ojo de un joven de 23 años, que perdió la vista y presentó graves lesiones en el rostro.
El abogado de la víctima presentó una denuncia ante Fiscalía por los delitos de lesiones gravísimas.
"Nosotros vamos a hacer la denuncia por numerosos apartamientos a la ley de procedimiento policial. La Policía no puede entrar de noche sin orden de allanamiento. Además, tiene que respetar determinadas reglas en cuanto al uso de la fuerza: siempre es el último remedio. Primero tienen que prevenir, después avisar y recién ahí usar la fuerza. No había ninguna situación de peligro para que se justificara ese uso excesivo de la fuerza que terminó arruinándole la vida a mi cliente", dijo el abogado Nicolás Pereyra a Telemundo.
Además, el profesional cuestionó el "trato inhumano" de los efectivos cuando "advierten que está herido". "Se ve que un agente de la Guardia Republicana lo agarra y después lo tira enseguida. Después prácticamente lo tiran a la parte de la camioneta como si fuera una bolsa de papas, algo inerte. Es una total deshumanización del tratamiento de la Policía a las personas", criticó.
Según supo Telemundo, los efectivos policiales trasladaron al herido al Hospital Maciel. La víctima fue más tarde trasladada al Hospital de Clínicas para realizarle una intervención quirúrgica.
En simultáneo desde la Jefatura de Policía de Montevideo se abrió una investigación administrativa para determinar las responsabilidades de los efectivos policiales que actuaron en el procedimiento. Este proceso es independiente a la investigación que lleva adelante la Fiscalía.