Se constató que se habían cometido estafas por un monto cercano a los $380.000. Cinco personas fueron condenadas.
La Policía desmanteló una red de estafa que incluía operaciones desde una cárcel y que implicaba la falsa venta de productos a través de redes sociales. Cinco personas fueron condenadas.
Según informó el Ministerio del Interior, la investigación del caso estuvo a cargo del Departamento de Investigaciones de Delitos Financieros de la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol y constató la existencia de 87 hechos de estafa basados en un mismo modus operandi: mediante redes sociales, los estafadores ofrecían diversos artículos a precios inferiores a los del mercado; tras efectuar el pago, “las víctimas no recibían los productos ni la devolución del dinero y posteriormente eran bloqueadas de las plataformas digitales”.
A partir de la primera denuncia recibida, la Policía llevó adelante diferentes actuaciones “que permitieron identificar el comercio involucrado y obtener información relevante sobre los indagados, así como los números telefónicos utilizados para contactar a las víctimas y los comprobantes de pago”. Así se avanzó en la identificación de 20 personas involucradas.
En el marco de la investigación, se constató que se habían cometido estafas por un monto cercano a los $380.000.
Con todo, las autoridades procedieron a dar con los responsables de lo sucedido. Fue así que realizaron cuatro allanamientos y una requisa en la cárcel de Treinta y Tres, “donde se encontraban recluidas cuatro personas vinculadas al caso”. Poco después detuvieron a cinco personas.
En las últimas horas, los detenidos comparecieron ante la Justicia. Uno, de 42 años, fue condenado como “autor penalmente responsable de dos delitos de estafa en calidad de autor”, a la pena de 10 meses de prisión efectiva.
Otro, de 30 años, la Justicia fue condenado a 10 meses de prisión como “autor penalmente responsable de cuatro delitos de estafa en calidad de autor, a título de dolo directo”. También fueron condenados otras personas de 56 años, 35 y 40 años “por más de cinco delitos de estafa, debiendo cumplir la pena en régimen de libertad a prueba, con la obligación de prestar servicios comunitarios por el plazo de tres meses y presentarse una vez por semana en la seccional policial correspondiente a su domicilio”.
La investigación sigue adelante y no se descartan más actuaciones.