No hubo acuerdo en la negociación con el Ministerio del Interior y por eso se va a juicio.
La madre y los hermanos de Valeria Sosa, la bailarina que fue asesinada por su ex pareja, iniciarán en las próximas semanas una demanda civil contra el Estado por daño moral, perjuicios y lucro cesante, según confirmó el abogado de la familia, Ignacio Durán.
Lo primero es la concreción de una instancia previa de conciliación. Posteriormente, se presentará una demanda que, según estima el abogado, podría llegar a ser de unos US$ 600.000. “No quiere decir que sea la cifra definitiva, es un cálculo según bases jurisprudenciales, es la base para empezar el diálogo”, dijo.
La demanda civil es por la “responsabilidad manifiesta y evidente en el protocolo de actuación policial”, explicó Durán a El País. El propio ministro del Interior, Eduardo Bonomi, admitió que por lo menos 19 efectivos dependientes de su cartera no actuaron de manera adecuada en el caso. De hecho, ya fueron separados del cargo. El Ministerio indicó en distintos documentos públicos que el homicidio “pudo y debió” ser evitado.
Valeria denunció las actitudes violentas y las amenazas de las que era víctima pero nunca fue atendida como correspondía, según la propia repartición estatal.
Más allá de que Interior asumiera públicamente su responsabilidad en el caso, la familia de la víctima jamás recibió una muestra de preocupación oficial desde el punto de vista humano. “A la madre de Valeria nadie del Ministerio la llamó para saber cómo estaba”, dijo el abogado Durán.
