La familia de una de las víctimas del incendio del depósito de fuegos artificiales en Toledo demandó por 850.000 dólares a la Intendencia de Canelones y a los dueños de la empresa

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Se trata de una demanda civil por daños y perjuicios, que fue realizada el 30 de octubre de este año, según informó La Diaria.

Reclaman 850.000 dólares por el “daño al proyecto de vida y por el sufrimiento espiritual y emocional. Tenía un hijo de un año”, dijo el abogado de la familia de una de las víctimas.

Óscar López Goldaracena aseguró que “hay responsabilidad institucional” de la comuna canaria por no clausurar el depósito luego de que existieran advertencias de inspectores de la propia Intendencia de Canelones. Seis meses antes del incendio recomendaban cerrarlo por carecer de habilitación de bomberos.

El 21 de abril de 2016, un mensaje enviado por el cuerpo inspectivo a la Dirección de Contralor de la Intendencia advertía:

“Almacena materiales pirotécnicos y no cuenta con la habilitación de Bomberos, desconociendo si cuenta con las medidas de seguridad que corresponden para el manejo y depósito de materiales peligrosos. Sugiriendo considerar prohibir el depósito de materiales pirotécnicos hasta obtener la habilitación”, decía el informe.

Para el abogado de la familia de la víctima, que la Intendencia de Canelones haya iniciado un sumario a tres funcionarios por las demoras en la clausura del local “corrobora de forma irrefutable la responsabilidad de la administración departamental”.

“Si el depósito hubiera sido clausurado cuando así se recomendó, el accidente se podría haber evitado”. La primera audiencia del juicio será luego de la feria judicial, que termina el 31 de enero.