El ministro del Interior dijo que la medida, cuestionada por organizaciones de derechos humanos y en la interna de la coalición del gobierno, estaba en la plataforma que la gente votó el año pasado.
La ley de urgencia duplica penas para delitos graves y lleva el máximo a diez años.
La Institución de Derechos Humanos y otras organizaciones cuestionaron la medida, que también es rechazada por el Frente Amplio y recibió críticas del Partido Colorado.
Se argumenta que el aumento de penas no es efectivo para combatir los delitos.
También que la participación de adolescentes en crímenes ha ido bajando y que, en siete años, los que están privados de libertad en el INISA bajaron de 900 a 270.
Larrañaga defendió la duplicación de la pena y dijo que se trata de no generar lo que definió como “un canal de permisividad”.