Hay situaciones en las que la custodia se prolonga durante varios años.
En enero del 2015 una jueza penal fue amenazada por un recluso que estaba en el Comcar por copamiento y rapiñas. El hombre le dejó varios mensajes en el celular: le decía que la iba a matar, que iban a pagar ella y la fiscal del caso.
La jueza hizo la denuncia y el recluso admitió todo. Nunca más amenazó, pero ha intentado fugarse varias veces. En uno de los intentos, cuando ya estaba en el Penal de Libertad, usó una campera que simulaba ser la de un policía.
Dos años y medio después la jueza continúa con custodia policial que la traslada al juzgado y a actividades gremiales o académicas.
También la fiscal, que además fue amenazada en otro caso mucho más conocido: el de la detención en Uruguay de Gerardo González Valencia, uno de los cabecillas del cartel mexicano de drogas Los Cuinis.
El narcotraficante escribió la amenaza en una carta que dejó debajo de su colchón. La fiscal, que lleva 25 años de trabajo, fue amenazada muchas veces y recuerda la primera: un niño de 12 años que la tomó por el cuello en Nueva Palmira. Hoy cree que la situación está empeorando y que debería haber vallado permanente frente a los juzgados.
El Ministerio del Interior es consciente de la situación y en algunos casos la custodia de los magistrados incluye autos blindados.
Además, jueces y fiscales que están en Crimen Organizado siempre tienen custodia, y cuando se van a otro destino la mantienen.
En los otros casos se evalúa la verosimilitud de la amenaza y el nivel de riesgo para establecer el tipo de custodia que puede ser una guardia personal de 24 horas o una vigilancia discreta a distancia.
Finalmente, es el amenazado quien decide. Las amenazas son algo común para jueces y fiscales, pero son pocos los que finalmente terminan con custodia.
