La investigación abarcará el accionar de la jueza María Helena Mainard –que ordenó que el narcotraficante fuera enviado a prisión domiciliaria- así como otros funcionarios judiciales o forenses que estuvieron vinculados al proceso.
La Suprema Corte de Justicia resolvió este jueves iniciar una investigación administrativa para determinar si hubo irregularidades en la toma de decisión para que Juan Antonio González Bica fuera derivado a prisión domiciliaria, de donde fugó días atrás. La investigación abarcará el accionar de la jueza María Helena Mainard –que ordenó que el narcotraficante fuera enviado a prisión domiciliaria- así como otros funcionarios judiciales o forenses que estuvieron vinculados al proceso.
El resultado de esa investigación puede ser el archivo o el inicio de un proceso disciplinario contra alguno de los implicados. La Corte ya le había solicitado a Mainard que presentara un informe contando detalles del proceso que terminó en el cambio de condición de González Bica. Tras analizar la respuesta de la magistrada, los ministros de la Corte resolvieron iniciar la investigación administrativa.
El narcotraficante había sido condenado a prisión por el transporte de más de 400 kilos de droga, entre pasta base y cocaína. Sin embargo, a través de su abogada Mercedes Acosta presentó un certificado falso en el que decía sufrir una enfermedad renal.
Basándose en ese documento apócrifo la jueza Mainard resolvió que el narcotraficante pase a cumplir su pena en domicilio y dispuso que se le coloque una tobillera electrónica. No obstante, una vez en su casa González Bica rompió el dispositivo y se dio a la fuga.
A raíz de este hecho la Fiscalía a cargo de Mónica Ferrero inició una investigación penal que permitió descubrir una maniobra para falsificar certificados de salud con el objetivo de que presos de alto perfil sean enviados a cumplir su condena en su domicilio. Por esos certificados falsos González Bica pago US$ 100.000,
Al momento tres juzgados cayeron en esta maniobra en al menos cuatro casos de presos que obtuvieron mejoras en sus condiciones de privación de libertad acusando enfermedades que no tenían.
Este hecho sumado al habeas corpus resuelto por Mainard para que el narcotraficante Ricardo Cáceres -alias el Ricardito- sea sacado de aislamiento provocó molestias en el Ministerio del Interior. De hecho, el ministro Luis Alberto Heber le planteó su molestia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales.