Los condenados enviaban sus documentos a México y Perú para que les elaboren un documento apócrifo.
El Ministerio del Interior informó este lunes que la Dirección General de Lucha Contra el Crimen Organizado e Interpol logró determinar, tras varios meses de tarea de inteligencia, el modus operandi de lo que catalogaron una "organización criminal", que operaba desde el exterior y de dedicaba al tráfico de migrantes cubanos.
Publicaron detalles de la "Operación Montecristo", que permitió detectar a 34 personas involucradas de nacionalidad cubana y solicitantes de refugio, (21 hombres y 13 mujeres, de entre 35 y 45 años), 12 de las cuales fueron condenadas por el delito de uso de certificado público falso. Deberán cumplir una pena de seis meses de prisión, que la harán bajo el régimen de libertad a prueba. Según informó el Ministerio del Interior también se intervinieron 18 visas (nueve italianas, cinco mexicanas, tres austríacas y una española) y 34 pasaportes (30 cubanos, dos peruanos y dos mexicanos).
El modus operandi
Las operaciones de tráfico se originaban en la ciudad de La Habana, donde ciudadanos cubanos que eran integrantes de la organización captaban a sus compatriotas y "los seducían" con la posibilidad de viajar a Uruguay, para establecerse en el país o con el objetivo de viajar luego a Estados Unidos.
Desde Cuba se dirigían hacia Guyana, un país al que los ciudadanos de la isla no precisan visa para ingresar. En ese lugar "eran trasladados a una casa de seguridad hasta la llegada de más viajeros, donde se los dividía según su destino y el dinero que poseía cada uno", indica el comunicado publicado por el Ministerio del Interior.
El viaje seguía rumbo a la ciudad de Boa Vista, en el estado de Roraima (Brasil), donde se alojaban en una casa mientras esperaban a que sea seguro para retomar el traslado, que se hacía por ómnibus o "vuelos de cabotaje por Brasil, pasando por Manaos y Porto Alegre". Luego se dirigían al Chui o Santana do Livramento para poder ingresar a Uruguay.
Algunos de los involucrados se establecían como refugiados en el país y otros se contactaban "a través de medios tecnológicos" con diferentes "redes criminales" que les cobraban entre US$ 6 mil y US$ 7 mil para viajar a otro destino. "Este dinero era pagado usualmente por los propios familiares de los cubanos desde Estados Unidos", indica el comunicado publicado por el Ministerio del Interior.
En un allanamiento realizado a una casa de Montevideo, la Policía encontró "evidencia de envíos de dinero a Ecuador, Honduras, México y Perú". Desde Uruguay también se enviaban los pasaportes cubanos originales por correo privado a México y Perú, donde se confeccionaba el documento apócrifo solicitado. Luego, los originales "con el agregado apócrifo" eran devueltos al interesado en Uruguay.
