El ataque contra efectivos policiales ocurrió en las inmediaciones de Boix y Merino y Menorca, durante la noche del domingo 1º de marzo.
Un adolescente de 17 años que se entregó en Fiscalía fue condenado por el episodio en el que un agente de la Guardia Republicana fue atropellado mientras patrullaba en la zona de Malvín Norte a principios de marzo.
El ataque contra efectivos policiales ocurrió en las inmediaciones de Boix y Merino y Menorca, durante la noche del domingo 1º de marzo. Dos móviles de la Guardia Republicana realizaban un patrullaje de rutina cuando comenzaron a ser apedreados. En ese contexto, una funcionaria policial recibió una pedrada en la cabeza. Los efectivos bajaron de los móviles policiales para asistir a su compañera y controlar la situación, pero un auto apareció de imprevisto y, pese a la voz de alto de la Policía, atropelló a un agente y se dio a la fuga, sin brindarle asistencia.
El momento quedó captado en un video grabado por un celular y al que accedió Telemundo. Allí se ve cómo los policías repelen a disparos el ataque, mientras el auto se fuga del lugar. Otro móvil de la Guardia Republicana ubicó el vehículo abandonado a unas cuadras: se trata de un auto que estaba requerido por hurto.
Con todo, la Policía comenzó un operativo en busca de los dos adolescentes sospechosos de atropellar al efectivo de la Guardia Republicana.
Este miércoles, uno de ellos, de 17 años, se presentó voluntariamente ante la Fiscalía de Adolescentes 2º turno. Presentaba varias requisitorias pendientes por diferentes delitos.
Finalmente, la Justicia lo encontró “responsable en calidad de autor de una infracción gravísima y tres infracciones graves a la ley penal tipificadas como un delito de rapiña especialmente agravado por la pluriparticipación, dos delitos de hurto especialmente agravados por la pluriparticipación, por cometerse sobre cosa expuesta al público por la necesidad o la costumbre y sobre vehículo automotor, uno de ellos en grado de tentativa y un delito de atentado agravado por cometerse sobre funcionario policial, todos en régimen de reiteración real”.
Con esto, se le impuso una “medida socioeducativa mixta por el término total de quince meses, consistente en la privación de libertad por el término de doce meses en dependencias del Inisa, con descuento de la medida cautelar cumplida, y posteriormente y cumplida la misma, tres meses de libertad asistida”.