Uno de ellos es el primero en ser enviado a prisión preventiva por ser ciudadano extranjero.
Un hombre y una mujer fueron imputados sin prisión, con fijación de domicilio y prohibición de acercarse a las víctimas hasta el 2 de diciembre de este año.
La mujer fue imputada por un delito de contribución a la explotación sexual de menores, con reiterados delitos de proxenetismo.
El hombre fue acusado de retribución o promesa de retribución a menores y por contactar a través de medios informáticos a menores para cometer un delito contra su integridad sexual.
El tercer imputado es el primero que tendrá cumplir prisión preventiva. Fue acusado por la fiscal Darviña Viera de retribución o promesa de retribución a menores, con reiterados delitos de proxenetismo y por el contacto por medios informáticos con menores para cometer un delito contra su integridad sexual. Se dispuso la prohibición de comunicarse con la víctima por cualquier medio hasta el 2 de agosto de 2020.
Para ellos se dispuso la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda.
A pedido de la fiscal Darviña Viera, también se dispuso que queden inhabilitados para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y “todas aquellas que impliquen tratos directos con niños, niñas y adolescentes”. Esta solicitud solo fue rechazada por la jueza Adriana de los Santos, en una de las cuatro audiencias que se han desarrollado hasta ahora.
La justicia ya había imputado el lunes a cuatro personas.
En total son 18, desde que comenzó la Operación Oceáno.
La mayoría se contactaba con las víctimas a través de la página de citas Locanto, pero a partir de la incautación de los celulares también se detectaron contactos por Tinder, Badooo y Whatsapp.
