Código País recorrió las instalaciones de cuatro centros del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente.
Hace unos años, durante el mandato de José Mujica, el Gobierno destinó recursos de emergencia para la construcción o remodelación de centros de reclusión para menores infractores: se gastaron 400 millones de pesos, pero hoy esas obras están siendo cuestionadas.
Uno de los aspectos que más se cuestiona tiene que ver con que varios de los elementos en los que se invirtió son fácilmente vandalizables y, por ende, inseguros.
Son cuatro las obras que presentan este problema: el ex Ceprili, el complejo Belloni, el ex centro Ser y la ex cárcel de La Tablada.
Por ejemplo, en el caso del ex Ceprili, que fue inaugurado en agosto de 2014, el local debió cerrar poco tiempo después alegando no solo peligro de fuga, sino también de vida.
“Esto se inunda todo”, repiten los jóvenes en varios de los lugares que fueron visitados por Código País.
El INAU formó un grupo de trabajo para estudiar la situación y encargó al Ministerio de Transporte y Obras Públicas un informe sobre las estructuras. Además, hay organismos del Estado que amenazan con presentar una denuncia penal contra las anteriores autoridades del Sirpa.
El informe del MTOP habla de estructuras que son vandalizables o que son inadecuadas.
