El Plan de Vivienda Sindical surgió en el seno del sindicato metalúrgico por impulso del coordinador del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. A su frente designó a su mano derecha Eduardo Burgos también del sindicato metalúrgico.
El presidente Mujica apoyó la iniciativa como una alternativa a los proyectos oficiales que no otorgaban soluciones con la celeridad que su gobierno se había propuesto. El 8 de noviembre de 2011 el plan fue lanzado oficialmente con el fin de construir 5000 viviendas para obreros que no tuvieran acceso al ahorro previo.
La iniciativa sería financiada con créditos otorgados a través del Ministerio de Vivienda y el Banco Hipotecario. Las que se canalizan a través del Ministerio de Vivienda serían para los trabajadores de menores recursos que deben nuclearse a través de cooperativas.
El PIT CNT sería el encargado de promover la creación de cooperativas que se responsabilizarían de recabar una cuota mensual de los interesados.
Esa sería la garantía para que el Estado financiara la construcción de las viviendas.
Pero los objetivos del Plan del Vivienda Sindical y del propio PITCNT se vieron empañados en diciembre de 2013 cuando se conoció la primera de tres denuncias por estafa.
Según surgió de las investigaciones penales el encargado del plan, Burgos, que se desempeñaba además como titular del Departamento de Vivienda del PIT CNT, otorgó a varios "gestores" la autorización para negociar con empresas privadas la construcción de las viviendas en nombre de la central sindical.
Las tres denuncias presentadas por privados involucran a gestores que operaban en representación del PITCNT con documentación que los habilitaba a firmar en su nombre. A cambio de otorgarles la construcción de las viviendas a las empresas, los supuestos representantes de la sindical pedían una comisión del 10% del valor de la obra. Monto que supuestamente sería empleado para adquirir terrenos donde levantar las viviendas.
Los contratos se firmaron y los cheques que ascendieron entre 150 mil y 300 mil dólares fueron entregados a los gestores. Sin embargo las obras nunca se llevaron a cabo pero los cheques fueron cobrados.
El PITCNT alegó que nunca autorizó esos poderes y que la demanda sólo afecta a privados. Sin embargo Código País obtuvo documentación, hojas membretadas del PITCNT, avaladas por un escribano público que involucra a Burgos, y a otro dirigente, Hugo Monza, quienes firman a nombre de la central sindical.
Burgos quien habría otorgado la documentación sin informar a la central sindical debió presentar renuncia en julio pasado. El PITCNT formó una comisión política para auditar el plan y salvar su credibilidad a partir de la puesta en práctica de nuevos procedimientos de contratación. La justicia penal continua las investigaciones y se estima que las tres denuncias serán unificadas en una sola y se dará curso a la Justicia de Crimen Organizado.
