El organismo a cargo de los menores infractores ha cambiado muchas veces de nombre, sin por eso dejar de recibir críticas nacionales e internacionales por los niveles de hacinamiento, horas de encierro y malos tratos.
"Es un avance bien importante, si es que ese cambio normativo va a ser acompasado por todos los cambios que necesita atrás", dijo Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño de la ONU. "Es un cambio a medias. La ley crea un servicio descentralizado pero no se le otorgan los recursos para tener independencia total del INAU", agregó Carlos Salaberry, secretario general del sindicato de trabajadores del INAU.
Verónica Carneiro, de Reinserta, dijo que estamos a años luz de tener un sistema que realmente reinserte y rehabilite, pero "se está trabajando".
Una de las dudas es quienes trabajarán en el INISA, tras su separación del INAU. En marzo el directorio del INAU dio 20 días para que los funcionarios que quisieran pasar del INAU al INISA o vice versa expresaran su voluntad. El INISA anunció que contratará a 200 nuevos funcionarios. Los aspirantes a ocupar los cargos deberán acreditar competencias específicas y serán evaluados en su desempeño.
La nueva institución corre con algunas desventajas. Si bien es un servicio descentralizado que si vincula al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Desarrollo, sigue dependiendo de algunas tareas del INAU.
INISA quiere darle a las familias de los menores infractores. Según la nueva ley, uno de sus cometidos será promover los vínculos familiares que puedan servir de sostén para el proceso dentro del centro y también para el egreso posterior.
Violencia en los centros de reclusión
En julio de 2015 funcionarios intentaron reducir a dos jóvenes en forma violenta en el Ceprili. La justicia posteriormente procesó a 26 funcionarios que fueron registrados en ese incidente a través de las cámaras de seguridad. En agosto del mismo año durante el traslado de 19 adolescentes al ex Hogar Puertas termina con internos lesionados y cuatro efectivos de la Guardia Republicana procesados. Luego, en abril de 2016, el sindicato presenta una denuncia penal contra autoridades del SIRPA por la ley responsabilidad penal empresarial y en mayo de 2016, el SIRPA denuncia a funcionarios de un turno del CIEDO por obligarlos a dormir esposados y en el suelo.
¿En qué quedaron estos asuntos? Lo ven en la segunda parte del informe:
Medidas no privativas
La presidenta del INISA se ha manifestado a favor de fomentar las medidas alternativas a la privación de libertad, pero establecer las penas depende de los jueces. "El camino son las medidas no privativas, porque es lo que indica la Convención de los Derechos del Niño y la normativa de la ONU, que la privación de libertad tiene que ser el último recluso. Y si se pone, que sea por el menor tiempo posible", explicó Juan Fumeiro, presidente de DNI de Uruguay. Carneiro dijo que para aquellos delitos menores para los que se podría aplicar una medida sustitutiva, "muchos jueces son reacios a dar medidas alternativas".
"Todo el mundo apuesta a las medidas no privativas de libertad y acá veo con asombro como se quieren aumentar las penas, se quiere más prisión. Es preocupante, porque vamos al revés del mundo", agregó Carneiro. Luis Pedernera, del Comité de los Derechos del Niño de la ONU, dijo que los números a nivel internacional muestran que la privación de libertad lleva a que la reincidencia ante por el 70% y en penas no privativas la reincidencia baja a números cercanos al 20%.
