Inseguridad y responsabilidad judicial: la visión del fiscal de Corte, Jorge Díaz

“Hay que poner el énfasis en la investigación y en la persecución criminal, más que en la eventual pena. ¿De qué sirve tener penas altísimas si solo impactan sobre el 4,5 % de los delitos que se cometen?”.

¿En qué se ha fallado en el combate a la inseguridad?

Hemos venido planteando desde hace tiempo la necesidad de una política pública de seguridad, que implica la conjugación por parte de la sociedad y del Estado de cuatro acciones: la prevención, la represión, investigación criminal y la persecución criminal.

Por un problema de diseño del sistema eso no se ha logrado en la mediada que hemos colocado en la cabeza de jueces independientes la dirección de la investigación criminal, lo que imposibilita, porque vulneramos la independencia de los jueces. Hay un problema de diseño del sistema, no de voluntad de los operadores.

Estamos absolutamente convencidos que un cambio en el diseño del sistema y separando las funciones de investigar y acusar de la función de juzgar, va a poder terminar que una institución se encarga de la dirección de la investigación, con el auxilio de la fuerza administrativa, va a poder hacer participar esa acción, conjuntamente con la de prevención y represión de forma tal del diseño de una política pública de seguridad que involucre estas cuatro acciones, que hoy en día están claramente fragmentadas.

¿Esta es una de las cosas que plantea el nuevo Código de Proceso Penal?

Lo hemos venido planteando desde hace mucho tiempo. Entendemos que la aprobación del nuevo Código es una herramienta que permitirá eso, pero no hace magia. Se plantean herramientas para que los operadores del sistema puedan elaborar esas políticas. El Código le permite a los operadores trabajar sobre esa realidad con esa orientación.

Una política pública implica ir mucho más allá de la Policía; implica que se involucren otros actores…

Sin duda. Cuando hablamos de esas cuatro acciones básicas… Cuando hablamos de prevención  no es solamente el patrullero de la esquina. El delito es multicausal: en el origen del delito hay varios factores, que inciden en que el delito se cometa. La prevención es trabajar sobre las causas del delito. Hay un conjunto de actores del Estado y la sociedad en el que tenemos que trabajar.

La represión sí es exclusiva de las fuerzas de seguridad. Sí trabajamos en la investigación y en la persecución. Esas cuatro acciones tienen que estar pensadas desde un único centro. Hay que pensar una estrategia común.

Hay un paradigma en la izquierda de eliminar las causas sociales y se elimina el delito. Sin embargo, en 2014 la tasa de empleo fue de las más altas y también siguieron aumentando los delitos…

Se han caído unos cuantos paradigmas en los últimos años. Se cayó el paradigma de que aumentando las penas y creando agravantes íbamos a resolver el problema de la seguridad. Vivimos una década donde se aumentaron las penas, los delitos, se crearon agravantes, pero lo que hicimos fue llenar las cárceles de gente y, sin embargo, los índices delictivos siguieron subiendo.

Dejamos ese paradigma para atacar las causas: disminuyó la indigencia y la pobreza, pero los delitos siguieron creciendo.

Asistimos a una nueva realidad que está explicada por factores culturales, que tenemos que comprender y entender. Salen de los cánones comunes. Lo que se plantea de la gente que trabaja ocho horas y luego sale a delinquir, hace años era impensable. Es un cambio en el comportamiento cultural.

¿Se vio venir esta situación?

Si uno ve el mundo y lo que pasa en los otros países, no digo de poder prevenirlo, pero… No somos una isla, somos un país chico, rodeado de dos gigantes. Integramos este continente. Hay cosas que pasan en otros países que pasan antes.

Por ejemplo, planteamos el tema del sicariato mucho antes de que pasara. Cuando lo planteamos se nos dijo que éramos alarmistas, que estábamos exagerando. La realidad fue demostrando que lamentablemente estábamos equivocados. No quiero transmitir un mensaje pesimista de que estamos predeterminados a que cada vez estamos peor. Hay lugares de América Latina donde se han cambiado esos indicadores, por ejemplo en Medellín. Ha implementado políticas públicas de seguridad con diferentes actores. Hay que articular todos los recursos de la sociedad y el Estado en trabajar sobre este fenómeno, con una orientación clara.

Es posible revertir estos fenómenos, pero tenemos que definir el rumbo. La seguridad es un fenómeno mucho más complejo que las fuerzas de seguridad. Ahora la sociedad le pide explicaciones sobre qué pasó con los recursos que se le dieron. Pero por sí solos son incapacites de resolver el problema.

¿El sistema político se preocupa por la inseguridad?

Existe una preocupación muy importante por este tema. Nos ha costado encontrar soluciones. No es que no tengamos voluntad. Quizás no hemos encontrado los caminos correctos. Los responsables de las instituciones que tenemos que ver en este tema tenemos que asumir nuestras responsabilidades, asumir nuestros errores y no echarle la culpa al otro. Cuando actuamos mal tenemos que asumirlo. Cuando actuamos bien tenemos que  señalarlo. Noto en general que a veces estamos en ese debate de que la culpa es siempre del otro.

Hay que hacer un acto de sinceramiento. Cuando en la Fiscalía se actúa mal no tenemos problema en asumirlo.

El fiscal Gustavo Zubía hablaba de que “delinquir es un negocio” y varias apreciaciones sobre restringir las libertades anticipadas…

Hay varias cosas que se mezclan y son distintas. Hay una referencia a la ineficacia en la persecución criminal, que nosotros lo hemos señalado. Si relevamos datos estadísticos del 2013, 2014, 2015, de los delitos denunciados solo se aclaran o terminan en una imputación penal entre 4,5 %, en el interior es un poco más alto. Cuando se habla de que el delincuente hace una valoración de riesgo al momento de delinquir, no es si me agarran qué pena me va a tocar, es si me agarran o no.

Hay que poner el énfasis en la investigación y en la persecución criminal, más que en la eventual pena. ¿De qué sirve tener penas altísimas si solo impactan sobre el 4,5 % de los delitos que se cometen?

Los inocentes tienen que estar en libertad y los culpables presos. Ahora, la única manera de decir que alguien es responsable de un delito es que un juez lo condene. La libertad condicional hemos reiterado que en un sistema acusatorio no tiene razón de ser.

Tenemos el 64 % de la población carcelaria que no tiene sentencia. Y un porcentaje alto de personas con penas que están en libertad. No podemos mezclar cosas que son distintas. Si hay que restringir la libertad anticipada, no se me mueve un pelo. Así se obliga a que un sujeto que fue condenado esté cumpliendo con la pena. Si una persona es condenada, tiene que cumplir su pena.

Ahora, restringir la libertad provisional es otra cosa. Ahí hay restricciones que se tienen que tener en cuenta. ¿En qué incide restringir esos mecanismos en los sujetos que ni siquiera son atrapados?

La rapiña tiene una pena mínima de cuatro años, es inexcarcelable. Esa apreciación de que alguien que fue procesado por rapiña se vaya a un año y medio… creo que hay una apreciación jurídica que no corresponde.

Me parece que a veces se repiten cosas o conceptos que serían importantes clarificar. Lo que está claro es que en el Uruguay de hoy, salvo casos excepcionales, los delincuentes que son condenados no se van con la pena cumplida, por los institutos de la libertad condicional o anticipada permiten eso. Pero no mezclemos eso, que seguramente hay que cambiarlo, con la libertad provisional.

Crítica hacia la Justicia por parte de la Policía

Tengo 20 años de juez penal y antes ya escuchaba esa discusión. A eso me refería cuando hablábamos de echarle la culpa al otro. No hay institución que haga todo bien. Asumamos que nos equivocamos.

Tenemos que entender que no tenemos que buscar culpables en el otro. Se ha perdido el trabajo en equipo.

El caso del fiscal de Rivera

En todos los sectores funcionan los corporativismos. Los jerarcas no podemos dejarnos guiar por eso. Cuando hablo del reconocimiento de errores desde el punto de vista institucional es el primer paso de reparación. Internacionalmente se exige que se tienen que reparar los derechos vulnerados.

Hice lo que la ley dice, soy un hombre de derecho. Asumí la responsabilidad institucional y lo volveré a ser tantas veces sea necesario. La sociedad nos paga los salarios para cumplir una función y parte de eso es decirle la verdad a la gente.

¿Hoy qué se ven venir?

Tenemos un capital que no podemos perder: el Estado tiene presencia en todo el territorio nacional. El Estado debe mantener a cualquier costo su presencia en todo el territorio nacional. Es la primera línea de trabajo.

Tenemos muchas investigaciones sobre el hurto o la rapiña, pero no sobre los mercados ilícitos que funcionan. Por ejemplo, el tema de los autopartes. Nos faltan investigaciones criminales de largo aliento sobre estos delitos.

Claro que hay un aumento de la violencia, porque la sociedad está más violenta, por lo que no se puede pedir que la delincuencia sea menos violenta.

Para asegurar su éxito, los delincuentes incorporan violencia. Sobre todo en delitos cometidos por jóvenes, vemos altos grados de violencia. Es lo que como sociedad nos impresiona más.


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