ASSE sigue trabajando con una empresa que estuvo involucrada en un caso de coimas

Tras años de problemas similares en ASSE, el diputado nacionalista Martín Lema convocó al ministro de Salud Pública al Parlamento por este tema. "El MSP no puede ser un testigo de lujo", dijo.

Luego de años de escándalos con empresas tercerizadas, ASSE continúa contratando un servicio cuyo titular fue procesado en 2014 por coimear a un funcionario. Auditorías señalan además irregularidades de la empresa, que también es criticada por la Federación de Funcionarios de la Salud por incumplimientos con los trabajadores. Una recorrida de Código País por hospitales constató la presencia de empleados de esta empresa en dos centros.

El diputado nacionalista Martín Lema hizo un pedido de informes sobre el tema a ASSE. Asegura que la empresa tenía irregularidades previas según una auditoría externa y una interna de 2014, a las que el legislador accedió en otro pedido de informes. “Empleados que no se registran en reloj, no se sabe a qué hora ingresaban y a qué hora se iban”, comentó Lema. “Incumplimiento del pliego porque no se registra quiénes eran los supervisores que debían supervisar la tarea, se superaban las 44 horas semanales sin que se constatara el pago correcto de horas extra”.

La auditoría interna en el Hospital Pasteur mostró además que cuatro empleados de la empresa eran a la vez funcionarios de ASSE y superponían total o parcialmente su horario en ambos trabajos. “Hasta el día de hoy prestan funciones y no solamente eso sino que en 2016 tuvieron nuevas adjudicaciones en dos unidades ejecutoras a través de tres contratos. ¿Qué dejamos para aquellos que hacen las cosas bien y que cumplen?”, se preguntó Lema.

Por haber tenido problemas con los trabajadores, la comisión interna del Pasteur afirma que intentó sin éxito impedir que se contratara nuevamente a esta empresa. El presidente de la comisión interna de ese hospital, Martín Biasotti, señaló que esta pagaba fuera de fecha, hacía diferencias salariales con la nocturnidad, tenía mala relación con los trabajadores y estaba en juicio con ocho funcionarios. “Hemos tenido también atrasos en el pago de retenciones como cooperativas ANDA, se le han cortado los beneficios a los compañeros, les han llegado cedulones de desalojo”, comentó.

El encargado de empresas tercerizadas de la Federación de Funcionarios de la Salud, José Ríos, dice que el hospital de Colonia denunció a la empresa en el registro de proveedores del Estado, el RUPE, por haberes impagos, falta de materiales e incumplimiento de contrato. Según Ríos, esto antes no se hacía porque no había un control estricto de las licitaciones en todo el país. A propósito de esto, Biasotti contó que antiguamente algunas empresas llevaban registros a lápiz, fácilmente falsificables.

“No queremos más tercerizaciones en ASSE, creemos que le va a salir más barato al Estado contratarlos directamente porque hoy en día tenemos problema con los juicios con los trabajadores y ASSE pierde millones”, dijo Ríos. Apuntó Biasotti al respecto: “Cada vez que una de estas empresas tiene incumplimientos, por la ley de tercerizaciones el garante solidario es ASSE. Entonces ASSE termina pagando y cuando digo ASSE digo que terminamos pagando todos los uruguayos”.


Los problemas con empresas a las que ASSE contrata para brindar servicios como los de limpieza no son novedad. En 2010 la Justicia procesó por fraude a la directora administrativa del Maciel y al gerente de la empresa de limpieza Clanider por sobrefacturar horas. Los ex trabajadores y dirigentes sindicales de esa compañía formaron otra llamada Buena Estrella, y resultó ser otro nombre para los mismos vicios: también sobrefacturó servicios y pasó de capacitación y de supervisión que debían correr por cuenta de la empresa.

Por haber participado en la creación de las empresas y facilitado su entrada en los hospitales, la Justicia procesó sin prisión al entonces director de ASSE Alfredo Silva y envió tras las rejas al dirigente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública Heber Tejeira. Tras dos años de investigación y de escuchas telefónicas, la Justicia descubrió también que Tejeira se aprovechaba de su condición de encargado de empresas tercerizadas para recibir coimas de cuatro compañías a cambio de agilizarles pagos o de evitar conflictos sindicales.

En ese momento, ASSE tenía 24 contratos con estos empresarios a los que otras dependencias del Estado también contrataban, según la prensa de la época, por suma cuantiosas. En agosto de 2015, ASSE pidió al RUPE que suspendiera o eliminara del registro a estas empresas para que no pudieran volver a ser contratadas por el Estado; pero es algo que a juicio del experto independiente Alberto Sayagués no es fácil.

“Permite en teoría asegurarse de que los malos proveedores sean expulsados del sistema, pero es de difícil cumplimiento”, dijo Sayagués, especialista en administración financiera del Estado. “Si un empresario fue procesado pero no tiene condena, se presume su inocencia hasta que termine el proceso”.

Sin embargo, el artículo 7 del decreto que reglamenta el RUPE permite registrar otros hechos relevantes respecto del desempeño de las empresas, sin agregar ninguna valoración subjetiva. “Creo que el hecho de que un proveedor esté procesado por un delito relativo a las compras es una información relevante que todo el Estado debería conocer”, opinó Sayagués. “Es una información valiosa al momento de adjudicar y por lo menos revisara mucho más el trámite de una licitación”.

Según Martín Lema “ASSE no se puede lavar las manos diciendo que consultó al RUPE y que no fue concluyente su posición”. Agregó que “se podrían haber hecho dos acciones totalmente en paralelo a la solicitud al RUPE y la rescisión del contrato o cualquier tipo de sanción, teniendo en cuenta la serie de incumplimientos que las mismas auditorías de ASSE detallaron”.

El diputado nacionalista convocó a la Comisión de Salud al ministro Jorge Basso el 7 de junio. “Debe intervenir”, dijo Lema, “hay normativa que indica que en deterioro de la asistencia debe actuar, pero también desde el punto de vista de cómo actúa en lo contable, de cómo maneja sus cifras, de cómo mantiene ordenado un servicio de las características que tiene ASSE. En este tema el MSP no puede ser un testigo de lujo”.

En abril, ASSE sacó un comunicado interno en el que reconoció “inconvenientes” con las tercerizadas y que un funcionario capacitado en compras debía hacer un control estricto en cada unidad ejecutora. El comunicado llegó seis años después de los procesamientos por el caso Clanider y transcurridos dos años del caso Buena Estrella y de los procesamientos por coimas.


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