La Dirección General de Educación Secundaria inició una investigación administrativa al dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes), Marcel Slamovitz, por el uso de 250 horas con motivos gremiales por fuera de la licencia sindical. Esto ocurrió entre 2016 y 2017. El presidente de Fenapes se refirió a este episodio.
Además de la investigación, un pedido de información del diputado Felipe Schipani reveló que el caso del dirigente, que cumplía funciones como vicepresidente y renunció a su cargo, mostró que su caso no era el único. Como respuesta, Fenapes reclamó por “garantías” y pidió que no se haga un “linchamiento público” a la organización.
Comentarios del caso
Hubo cambios bruscos en las últimas horas. No se trata de un acto de persecución sindical, sino que hubo unas intervenciones del diputado Schipani que fueron unas burradas desde el punto de vista jurídico atacando contra quien habla. Es parte de una estrategia. Se podrá compartir o no la visión de algunas autoridades, para eso se habilitó espacios. Uruguay había sido cuestionado en la OIT porque, por ejemplo, ejercer el derecho a la huelga. Eso se comenzó a corregir. Puedo entender que el diputado no comparta que el mejor sindicato es el que no existe, de que la negociación colectiva no debe desarrollarse pero eso son definiciones políticas partidarias que no tienen nada que ver con cuestionar un procedimiento entre los administrativos y los administrados. Se llega a plantear el extremo y se habla ahora de certificados falsos. No resiste menor análisis en una especie de manotón de ahogado para justificar lo injustificable. El 8 de marzo cuando la exdirectora del liceo número 1 de San José plantea la cuestión entendimos que era mejor iniciar una investigación y se tomó esto el 5 de mayo. Parece que son lentos en tomarlo.
No vamos a rehusar la responsabilidad institucional que siempre hemos tenido. Lo que decimos es que eso no es un certificado. El problema es que cuando se habla del orden jurídico, el legislador Schipani se come el artículo 57. Está bien. Es una posición ideológica.-política. No quiere a los sindicatos. Eso no se puede reconocer que existe en un Estado de derecho. La declaración sobre fueros sindicales establece cómo se proceden en las licencias sindicales y ahí se habla de un régimen general mínimo, pero quedó abierta la posibilidad de que cada consejo discutiera situaciones especiales. Así se hizo para que se pudiera desarrollar la acción sindical en temas importantes como política educativa, salud laboral, se pudiera tener representación en los 19 dptos, la elección de horas, se pudiera tener instancias de representación locales. En el régimen general se habla de la licencia de un año mínimo. Acá se habla de situaciones excepcionales que se podía dar por un día cada dos o tres semanas, dependiendo de un régimen y de la instancia que se tratase pero no un régimen general en donde se sacan a miles de docentes como pretende plantear el diputado. El problema es que Schipani reconoce solo una parte, tan democrático que dice ser.
No nos extraña del diputado porque nuestra institución ha tenido ataque político directo. Se está haciendo un linchamiento público entreverando temas que no tienen nada que ver. Se intenta generar un estado de opinión contraria en cuestiones que no tienen fundamentación en base a jurídica. Dijimos el 8 de marzo, lo volvemos a ratificar hoy. Si hay elementos que pueden configurar un accionar no de todo claro o regular de unos de nuestros dirigentes, lo mejor que puede hacer la administración es investigar. Lo pedimos el 8 de marzo. Se hizo en mayo como respuesta de Schipani. Si así va a actuar la administración, estamos ante un problema. El problema de fondo es que hay que investigar con las garantías del debido proceso. El sindicato entendió que lo mejor es que la investigación la haga la administración y no la organización porque no queremos ser juez y parte.
Se están hablando de hechos del 2016 y 2017. Sirve para ocultar lo que tenemos que discutir en pandemia ahora que es el estado de la educación, recortes presupuestales, de por qué no se pudieron garantizar la presencialidad, la rebaja salarial. No queremos ser juez y parte porque no tenemos ni siquiera la documentación. Sí se tiene el régimen, pero los actos individuales escapan al control diario de la organización sindical. Queremos que la administración establezca en función de la ordenanza 10. Se tienen que brindar garantían. Se están colocando cosas totalmente descontextualizadas. Hay hechos que se dan como una cortina de humo para no discutirse lo que hay que discutir hoy. Vamos a una rendición de cuentas en donde alguien tiene que responder por que se dieron recortes en la educación.
La investigación tiene que terminar. Se maneja el tema con diferencias importantes. Hay diputados que pueden acceder a la información y hay otras que no. El elemento de autocritica siempre está presente en la organización sindical. No queremos que se caiga en un prejuzgamiento. El 8 de marzo hubo un proceso con crítica y la resolución del sindicato fue clara. Se lo retiró de su cargo y se solicitó que se investigue.
