Una empresa privada fue contratada en 2015 para reperfilar el proyecto. La empresa enfrenta demandas laborales y civiles que continúan abiertas. Los fondos fueron aportados por ANCAP y UTE por casi 4 millones de dólares.
Relacionado
-
Preocupación de cirujanos pediátricos por niños heridos de bala
-
Gobierno creará decreto de "residencia por arraigo" para migrantes
-
Incidencia del clima escolar en la percepción de seguridad de los estudiantes
-
¿El exministro Daniel Salinas vuelve a la política partidaria?
-
Andrés Ojeda: El precandidato más cuestionado por su pares del partido
-
Romina Celeste irá a prisión preventiva tras fallo de apelaciones
