Uno de los aspectos centrales será la regulación de los llamados "silencios positivos"; cuando un organismo público no responda dentro de los plazos establecidos a una solicitud o autorización presentada por un privado, esta quedará aprobada automáticamente.
El gobierno enviará en las próximas semanas al Parlamento un proyecto de ley denominado "Competitividad, innovación y reducción del costo de vida", una iniciativa que busca "facilitarle la existencia a la actividad privada", según definió el ministro de Econimía, Gabriel Oddone.
La propuesta, que originalmente iba a presentarse antes del 31 de mayo, fue postergada algunas semanas. Sin embargo, Oddone adelantó algunos de los cambios que incluirá el texto.
Uno de los aspectos centrales será la regulación de los llamados "silencios positivos". Según explicó el jerarca, cuando un organismo público no responda dentro de los plazos establecidos a una solicitud o autorización presentada por un privado, esta quedará aprobada automáticamente.
"Hay cosas como los silencios positivos. Es básicamente establecer por ley que si la administración no dio respuesta a una normativa, o a una autorización, eso es automático; vamos a dar paso a las declaraciones juradas para generalizarlas", señaló Oddone durante el cierre del Congreso de la Federación Rural.
La iniciativa también prevé ampliar el uso de declaraciones juradas para determinados trámites, de forma que los privados puedan avanzar en sus proyectos sin esperar estudios o autorizaciones previas. En caso de detectarse incumplimientos o información falsa, el gobierno prevé aplicar sanciones severas.
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"Ante una regulación no tenga que haber un estudio; basta con que haya una declaración jurada del privado en la cual nosotros podamos confiar. Si detectamos un desvío, la sanción será sustancialmente relevante", agregó el ministro.
Oddone sostuvo que el objetivo es reducir las demoras administrativas que, a su entender, afectan la competitividad y generan ineficiencias en la relación entre el Estado y los ciudadanos.
"Tenemos un conjunto de elementos, todos chiquitos; ninguno esencialmente relevante, pero cuando uno los suma todos encuentra una visión que es facilitar la relación del ciudadano con la administración, dándole al sector privado la posibilidad de avanzar más rápido", afirmó.
Además, remarcó que la iniciativa forma parte de una estrategia más amplia para mejorar la competitividad de la economía uruguaya.
"Este es un capítulo central de la visión del gobierno; queremos mejorar la competitividad, tenemos que mejorar la relación del privado con el público, facilitándole la existencia a la actividad privada y haciendo que los controles sean expost y que no sean una demora permanente", expresó.
El proyecto de ley estará estructurado en cuatro capítulos: comercio exterior, facilitación de trámites, defensa de la competencia e innovación.